La portavoz de sanidad del grupo parlamentario socialista, Inmaculada García, confió este lunes en que la inversión en sanidad “nunca más sea considerada un gasto sanitario” y “no se vuelva a poner encima de la mesa un recorte en este servicio que siempre ha sido y será sinónimo de bienestar y de igualdad para nuestra sociedad”.
Durante su intervención en la Comisión de Sanidad en la que compareció la consejera del área, Verónica Casado, para explicar la gestión de la Junta en la crisis sanitaria del Covid-19, Inmaculada García destacó la lealtad prestada en todo momento por el PSOE con el Ejecutivo autonómico.
No obstante, la socialista recordó que no ha gustado al PSOE “la opacidad” con la que se ha desarrollado la enfermedad” en centros de mayores donde ha quedado evidencia de que el actual modelo sociosanitario, basado en la concertación de plazas públicas en centros privados, ha hecho aguas en esta crisis sanitaria.
De haber tenido una red pública de centros de la tercera edad, continuó, se habría contado con información puntual, actuado antes e incrementado las medidas preventivas.
En todo caso, insistió en la necesidad de no seguir recortando en sanidad como en los últimos años. Para García “la escasez de recursos propios” ha sido un factor determinante en la capacidad de la Junta para dar respuesta adecuada a la crisis en cada territorio.
Por eso, instó al Ejecutivo a que se tome en serio la sanidad pública de la Comunidad y a que destine a ella los recursos necesarios, “sin regates, ni recortes”.
En este sentido, pidió a la Junta que renueve los contratos de los profesionales contratados durante esta crisis porque “la epidemia no ha pasado” y porque a medida que vayamos recuperando la normalidad habrá que enfrentarse a listas de espera mucho mayores.
Además, justificó esta petición en la necesidad de reforzar la Atención Primaria –algo que siempre ha defendido el PSOE- porque será quien tenga que asumir la fase de desescalada
Por último, García pidió que si se establece un complemento de productividad no se deje fuera a ningún colectivo de los trabajadores del sistema y valore la posibilidad de extender los contratos de las nuevas incorporaciones para seguir reforzando el sistema público, especialmente, en la fase de desescalada.
