Coincidiendo con el inicio del curso en Educación Infantil y Primaria en la Comunidad de Castilla y León y, en base a ello, en Zamora, mañana Miércoles 9 de Septiembre, el Procurador, Catedrático de Historia y Profesor en Benavente, José Ignacio Martín Benito, ha mostrado su preocupación por la falta de planificación por parte de la Junta en regreso a las aulas y la inquietud que está generando en la comunidad educativa esta inacción de la Consejería de Educación.
El Procurador zamorano ha afirmado que “el inicio del curso se abre en un escenario de incertidumbre, de inseguridad y de gran preocupación por toda la comunidad educativa, profesorado, alumnado y familias. Porque la Junta de Castilla y León durante todo el verano, que ha tenido dos meses y pico para preparar este inicio de curso, ha estado de perfil. Ha dejado toda la responsabilidad en manos de los equipos directivos para que elaboren un protocolo en relación con el COVID sin ser expertos sanitarios. Los docentes somos profesionales de la Educación, no de la Sanidad”.
Y ha incidido en que “la Junta de Castilla y León ha dejado en manos de los profesionales de la Educación los Protocolos de los itinerarios, de las distancias, todo lo relacionado con la pandemia, con la recepción de alumnos en la vuelta a las aulas. Y por eso hay incertidumbre en los profesionales y hay miedo en los colegios y en los institutos”.
En tono de reproche Martín Benito se ha preguntado: “¿Qué ha hecho la Junta? O más bien ¿qué ha dejado de hacer? Pues la ratio sigue siendo muy elevada, 22 para Educación Infantil y Primaria y 25 para Educación Secundaria y Bachillerato. Tenemos una ratio altísima. Con esta ratio es imposible en las condiciones actuales que en los centros educativos pueda mantenerse una distancia entre mesa y mesa de metro y medio entre las alumnas y alumnos”.
El Procurador por Zamora subraya que “ha habido una falta de planificación por parte de la Junta de Castilla y León que nos preocupa muchísimo. La Junta ha estado de perfil. La ratio tendría que ser más baja de lo que es en la actualidad. Y en cuanto a recursos la Junta ha anunciado tan solo 800 profesionales más para la educación pública. 800 sobre 36.000. Esto supone solamente el 1,6% más, a pesar de que el Gobierno de España le va a dar a la Junta, con carácter finalista sin que tenga que devolverlo, 84 millones de euros”.
“Comunidad autónomas vecinas a Castilla y León como Castilla La Mancha va a contratar 3.000 profesores más y recibe del Esto 89 millones de euros. La Junta de Castilla y León con una cifra de 84 millones de euros que recibe del Gobierno de España, va a contratar 800. Exactamente igual o menos que Extremadura, una Comunidad que recibe la mitad que Castilla y León con 43 millones y que va a contratar 894 profesores. Casi 100 más que Castilla y León” ha informado.
José Ignacio Martín Benito también ha puesto de relieve como dato que “en la Comunidad hay en torno a 1.000 centros educativos. Esto significa que aproximadamente toca a un profesor más por centro. ¿Y quiere así la Junta de Castilla y León hace frente a esta situación auténticamente excepcional en el curso escolar 2020-2021 que comienza mañana 9 de Septiembre? Así no. ¿Qué va a pasar con el transporte escolar que en Educación Secundaria y Bachillerato no llevan vigilantes? ¿Se va a preocupar el conductor de si el alumnado dentro mantiene la distancia social o llevan o no llevan mascarilla? ¿Se va a ocupar el conductor por el espejo retrovisor?”.
Para el Procurador por Zamora el colmo es “como la Junta de Castilla y León echa balones fuera y pasa la responsabilidad a los ayuntamientos que van a tener que contribuir con gastos de limpieza y de higienización. Todavía a día de hoy los ayuntamientos de la provincia de Zamora, y por supuesto los de la Comunidad, no saben aún los fondos que van a recibir de la Junta. La Junta de Castilla y León sí sabe desde hace tiempo los fondos que le van a llegar desde el Estado, desde el Gobierno de España. Los ayuntamientos todavía no saben si les va a transferir fondos la Junta para hacer frente a gastos de limpieza en los colegios y gastos para mantener la higiene en los mismos. Esta es la situación”.
Martín Benito concluye subrayando: “¿Qué debería hacer la Junta de Castilla y León? Pues todo lo que no ha hecho. Evidentemente contratar más profesores, al menos el doble de los 800 para la educación pública que ha anunciado, es decir entre 1.600 y 2.000; debería reducir también la ratio por aula al objeto de que si se pudiera mantener la distancia social, entre 12 y 15 alumnos y no entre 22 y 25; y, evidentemente, debería concretar las ayudas específicas a los ayuntamientos para hacer frente a esos gastos extraordinarios de limpieza, mantenimiento e higienización de los centros educativos”.
