El Consejo General del Poder Judicial, a través del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica, ha hecho públicos los datos relativos a la violencia sobre la mujer en el segundo trimestre de 2026 en la provincia de Zamora. La estadística judicial de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia refleja que se interpusieron 72 denuncias penales entre abril y junio, lo que evidencia que esta lacra persiste en la provincia a pesar de que se registra un descenso respecto al trimestre anterior, cuando se contabilizaron 89 denuncias, 17 más.
De las 72 denuncias presentadas, llama la atención que ninguna fue interpuesta directamente en el juzgado, ni por la víctima ni por sus familiares. De hecho, todas ellas llegaron a través de atestados policiales, con un total de 70 atestados con denuncia de la víctima y otras dos como consecuencia de una intervención directa de la Policía.
No obstante, el número de delitos ingresados en los juzgados de Zamora ascendió a 87, una cifra inferior a la registrada en el trimestre anterior, cuando fueron 113, y manteniéndose acorde al descenso de denuncias. De ellos, 64 correspondieron a lesiones y malos tratos, distribuidos en 37 delitos del artículo 153 del Código Penal, 25 del artículo 173 y dos del artículo 148 y siguientes. Además, se contabilizaron 20 delitos por quebrantamiento de medidas, uno por quebrantamiento de penas, un delito contra la libertad y otro contra la integridad moral.
También destaca que se solicitaron 20 órdenes y medidas de protección y seguridad para las víctimas, 14 menos que en el primer trimestre de 2026. De ellas, 12 fueron concedidas, siete denegadas y una inadmitida, siendo la mayor parte de ellas, hasta 19, solicitadas a instancia de la víctima, mientras que únicamente una, que fue adoptada, fue a instancia del Ministerio Fiscal.
En cuanto a las medidas judiciales de protección y seguridad, se acordaron 48 medidas de naturaleza penal, todas ellas vinculadas a órdenes de protección. Las más frecuentes fueron 12 órdenes de alejamiento y 12 prohibiciones de comunicación, además de ocho prohibiciones de volver al lugar del delito, otras ocho suspensiones de tenencia y uso de armas y otras ocho calificadas como «otras», que no se han especificado.
