Evidentemente, no es el momento de abrir negociaciones sobre la situación de los trabajadores en las residencias de mayores, reconoce CSIF, sin embargo, afirma que, cuando se supere esta crisis, será necesario afrontar esa revisión del sector, “donde la alta incidencia del coronavirus en las residencias de mayores está alarmando a la sociedad”.
Estos centros acogen a uno de los colectivos más débiles de la población, explica CSIF, en el que se acumulan patologías previas, y la mayoría sufre algún grado de dependencia, lo cual se suma a unas plantillas escasas que están totalmente desbordadas en la mayoría de los casos. “Es un sector dominado principalmente por la empresa privada, con trabajadores de sueldos bajos, que realizan multitareas distintas a la propia atención del usuario, y donde hay falta de medios”.
La entrada en vigor de la Ley de Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia) supuso una transformación en los perfiles de los residentes, dando entrada a personas con más necesidades, y la exigencia de cuidados más complejos. “Sin embargo, la mayoría de las residencias no se han adaptado al contexto, ni en el modelo ni en la necesidad de las plantillas de personal”, lamenta CSIF.
En las ratios de trabajadores por usuario, suelen ofrecer datos de forma irreal, incluyendo personal que no atiende de forma directa a las personas dependientes, como son los empleados de limpieza, cocina, lavandería…, ocultando así su déficit de plantilla, añade el sindicato independiente.
Se debería exigir a los servicios de inspección de las administraciones la unificación clara de criterios, partiendo de la exigencia del cumplimiento de la ratio del número de trabajadores por personas dependientes, lamentando que los trabajadores de las residencias privadas sean el último eslabón de la cadena, afirma CSIF.
“La puesta en marcha del nuevo modelo de atención centrada en la persona prioriza la promoción de la autonomía, lo cual puede traducirse en una mayor vulnerabilidad frente a situaciones de fragilidad y necesidad de ayuda”, añade.
Según el Decreto 2/2016, de 4 de febrero, obre autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores de Castilla y León, se aglutinan en una única categoría todos los tipos de plazas residenciales, la de aptas para atender a personas en situación de dependencia, que responde a la mayoría de los usuarios de los centros residenciales.
Para ello, se insiste en la importancia de contar con una atención profesional de calidad, que apoye y ayude a que las personas con deterioro cognitivo avanzado puedan seguir teniendo control de su vida cotidiana, “basándonos en un número de efectivos acorde con la situación de dependencia del usuario. Es fundamental poner en valor los equipos de profesionales realmente comprometidos, y precisar el coste real del cuidado de una persona dependiente, concluye CSIF.
