La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha propuesto una importante reducción de dos tasas que hasta ahora vienen pagando en Castilla y León empresarios y trabajadores, sobre todo, en situación de desempleo. Esta nueva medida se suma a las diversas que viene tomando el departamento de Mariano Veganzones frente al gasto superfluo y en favor de la reactivación económica de la región, en un momento de grave crisis en que “el incremento de los precios de bienes y servicios, los altos precios de la energía y los problemas de desabastecimiento que sufren empresas y autónomos” generan “un empobrecimiento de las familias, un impacto negativo en el consumo y una desaceleración en la producción”.
En este sentido, en el marco de la rebaja fiscal acordada por la Junta desde el inicio de la Legislatura, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo propone la rebaja temporal de las tasas que graban la instalación de industrias en Castilla y León. Las nuevas empresas que conlleven una inversión en maquinaria e instalaciones de hasta 30.000 euros pagarán por su inscripción 47,60 euros. Las que se sitúen entre 30.001 y 1.000.000 de euros abonarán 95,20 euros, frente a los 1.755 euros que llegan a desembolsar en la actualidad. Las industrias con un desembolso por encima del millón de euros tendrán unas tasas de 428,40 euros, cuando hasta ahora podían alcanzar los 12.458 euros.
También se incorporan importantes rebajas para las tasas de traslado, traspaso de titularidad, modificaciones del establecimiento industrial, cambios de actividad o reconocimientos periódicos. En todos los casos, se establece una tarifa plana de 47,60 euros, lo que supone un ahorro de hasta 9.000 euros en comparación con los importes vigentes.
Con esta simplificación de las tarifas, pendiente del informe del Consejo Consultivo, se pretende “reducir la carga de inscripción de los establecimientos en el Registro Industrial de Castilla y León, con el objeto de dinamizar la actividad económica”.
Asimismo, la Consejería propone la gratuidad durante un año de las tasas por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y duplicados. Se busca con ello favorecer al colectivo de las personas desempleadas, que son las que en mayor medida solicitan estos documentos para acreditar sus competencias profesionales y de este modo lograr su inserción en el mercado laboral o el ascenso a una mejor posición y remuneración.
Además del ahorro que supone para los castellanos y leoneses, esta medida de gratuidad permitirá “agilizar considerablemente” la obtención de los certificados, que hasta ahora se venían demorando “una medida de tres años, con los perjuicios que ello supone para nuestros desempleados y ocupados, que no pueden acreditar convenientemente su cualificación a la hora de buscar empleo o mejorar el que tienen”, señalan desde la Consejería, desde donde estiman un ahorro de 600.000 euros a empresarios y ciudadanos por estos conceptos.
