El profesorado español dedica más tiempo a impartir clases, en detrimento de otras actividades docentes, que sus homólogos de la OCDE o de la UE22. En Educación Infantil y Primaria el porcentaje de horas de enseñanza directa es de un 61,1%, mientras que sus colegas de la OCDE dedican un 50,9% y los de la Unión Europea un 48,4%.
En Secundaria inferior -los tres primeros cursos de la ESO- ese porcentaje de horas de enseñanza directa con respecto al tiempo total es de un 47%; en tanto que en Secundaria superior -4º de la ESO y los dos cursos de Bachillerato- es de un 49%. Ambos porcentajes vuelven a estar por encima de las medias de la OCDE y de la UE22, tanto en Secundaria inferior (OCDE 45,9%; UE22 42,1%) como en Secundaria superior (OCDE, 43,1% y UE22, 40,2%).
Esto es lo que se desprende de un estudio llevado a cabo por el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, en el que se denuncia que “la sobrecarga de horas lectivas dificulta que el profesoras pueda dedicar más tiempo a otro tipo de actividades que tienen una gran repercusión en la enseñanza, como son la atención a las familias, la participación en proyectos de innovación educativa, tutorías, preparación de clases, correcciones, curso de formación, reuniones o, por ejemplo, tutorización de profesores noveles”.
Otro de los aspectos que denuncia el sindicato es que el aumento de horas lectivas con el que se ha sobrecargado al profesorado, unido al incremento de las ratios están afectando a la calidad educativa y al proceso de aprendizaje del alumnado, además de implicar”, continúan señalando, “la reducción del número de docentes necesarios para garantizar dicha calidad”.
En este sentido, han hecho referencia a que la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que deja establecer a las Administraciones públicas la parte lectiva de la jornada docente, siendo la recomendación de un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y de 18 horas en los centros de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, no ha sido tenida en cuenta en todos los territorios, donde existen marcadas diferencias en cuanto a su aplicación.
En base a este incumplimiento, UGT sigue reclamando la jornada laboral máxima de 35 horas que contemple la reducción a 20 horas lectivas semanales para los docentes de Infantil y Primaria y un máximo de 18 horas semanales en Secundaria, “con el fin de alcanzar un mayor equilibrio en el número de horas de atención directa al alumnado y poder disponer de más horas de preparación, evaluación, coordinación o formación”, han manifestado los responsables del sector de Enseñanza de UGT, remarcando que así se ayudaría a prevenir el desgaste que supone el excesivo número de horas de docencia directa, redundando tanto en la calidad de la enseñanza y de la atención que recibe el alumnado como en la salud laboral de nuestros docentes y en la mejora cualitativa y cuantitativa del empleo.
Además de las reivindicaciones sobre la jornada también consideran “inaplazable la recuperación del poder adquisitivo que los docentes han perdido como consecuencia de los recortes desde 2010”. En este sentido, han indicado que las diferencias salariales entre los docentes españoles y los de la OCDE y la UE22 no han hecho más que aumentar. Mientras que a partir de 2014 se recuperaban los niveles anteriores a la crisis en la media de la OCDE y a partir de 2015 en la UE22, en España aún no se ha logrado, a pesar del aumento producido a partir del año 2018 como consecuencia de la firma del Acuerdo para la mejora del empleo público, fruto de la negociación del Gobierno con UGT y otras organizaciones sindicales.
Mayores de 55 años
Respecto al profesorado mayor de 55 años y en relación con la reducción de su jornada lectiva como no tiene carácter básico en la LOE, su desarrollo depende de cada comunidad autónoma lo que provoca diferencias muy significativas según los territorios y aunque el acuerdo básico de 20 de octubre de 2005, al que llegaron el Ministerio de Educación y los Sindicatos, creó toda una serie de expectativas, no han llegado a cumplirse.
En este aspecto, desde UGT se defiende “la reducción voluntaria de la jornada lectiva para los mayores de 55 años, sin reducción de haberes”, medida que, además de generar puestos de trabajo posibilitaría el acceso de jóvenes al mundo laboral, no debería estar supeditada a las necesidades del centro educativo, como sucede en la actualidad sino que serían las Administraciones educativas las de deben dotar a los centros del personal docente suficiente para que ninguno pueda quedar excluido de este derecho.
Función tutorial
Por último, el sector de la Enseñanza de UGT Servicios Públicos también se ha referido a la función tutorial que desempeñan los docentes y que cuenta, según comunidades autónomas, con gran número de variables que afectan al número de horas de dedicación, a si están remuneradas o no y a las cantidades económicas que perciben los profesores.
UGT considera “imprescindible que se refuerce y se potencie la función tutorial” y reclama a las distintas administraciones educativas, puesto que el artículo 105 de la LOE señala que las administraciones educativas deben favorecer su reconocimiento mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos, que adopten las medidas necesarias para lograr ese reconocimiento. “Los incentivos deben ser tanto de carácter económico como profesional y pueden ir desde la disposición de horas lectivas para realizar adecuadamente esta función, hasta contemplar la tutoría como mérito en todos los procesos administrativos, pasando por el reconocimiento económico en todas las comunidades, con complementos por acción tutorial que retribuyan el esfuerzo y la dedicación a esta tarea” han manifestado las fuentes del sindicato responsables del sector de Enseñanza.
Han terminado indicando que debido a la complejidad de los centros y de sus proyectos educativos, el profesorado viene desempeñando funciones y/o labores docentes que no están contempladas en ninguna norma y que necesitan una dedicación especial, ante lo que han exigido “el reconocimiento de dichas tareas con compensaciones tanto económicas como horarias para aquel profesorado implicado en las mismas”.
