El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha presidido la primera reunión de la Comisión Provincial de coordinación y seguimiento de la aplicación de las medidas urgentes para el empleo agrario que recoge el RD-L 13/2020, que se pone en marcha a iniciativa de la Subdelegación del Gobierno con el objetivo de encontrar mano de obra urgente para las labores del campo y la ganadería.
Al encuentro telemático en el que se sentaron las bases del protocolo con el que se promoverá la búsqueda de contrataciones, han asistido la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián; los responsables de las organizaciones agrarias, Lorenzo Ribera (COAG) y Antonio J. Rodríguez (UCCL); el representante de UGT, Ángel Lobo, y CCOO, Juan Manuel Ramos; los directores provinciales del SEPE, Elena Hernández, Trabajo e Inmigración, Elena Cordero, Extranjería, Francisca Turiel, y Agricultura, Guido Rodríguez, de la Subdelegación del Gobierno; y por parte de la Junta de Castilla y León, la secretaria territorial, Carmen Rodríguez, el jefe del ECYL, Efrén Fernández, la jefa de la OTT, Luisa Villar, y la jefa del Servicio Territorial de Agricultura, Rosa María Alonso.
El objetivo de la reunión era solventar un problema acuciante, que no es otro que la escasez de temporeros para acometer algunos trabajos agro-ganaderos que, históricamente, han llevado a cabo cuadrillas llegadas de fuera de España que ahora es imposible desplazar. Los participantes han acordado repartirse las tareas en la búsqueda y contratación de personal que trabaje en la recogida de productos hortofrutícolas, predominando el ajo y a medio plazo la patata y el espárrago, el esquileo del ganado, afectando a una población de más de 500.000 ovejas en la provincia, la poda en verde y, de ser necesario, en la vendimia.
Primero, los desempleados
Los acuerdos adoptados, en un clima de total colaboración por parte de todos los implicados en el procedimiento, han sido que serán las propias organizaciones agrarias las que cuantificarán las necesidades de temporeros en la provincia y labores agrícolas y ganaderas, de modo que ese sea el dato de partida para que, en primer lugar, el ECYL intente cubrir esas demandas de empleo.
A juicio del gerente provincial del ECYL, “es muy importante que cuando las empresas presenten sus solicitudes de oferta marquen la opción destinada a este tipo de contrataciones así como cuando graben los contratos que de estas ofertas se deriven”.
Si el ECYL agotara sus bolsas de demandantes de empleo, la Subdelegación del Gobierno contribuiría a detectar ciudadanos en situación legal de residencia, pero sin permiso de trabajo, que pueden estar interesados en incorporarse a estas labores, así como la posibilidad de que, a través de la Junta de Castilla y León, los MENAS (menores extranjeros no acompañados) de entre 16 y 18 años participen en este mercado laboral.
En tercer lugar, a través del Servicio Estatal de Empleo, SEPE, se localizaría a aquellas personas que, en virtud de lo que se recoge en el RD-L 13/2020, podrían incorporarse a realizar labores agrarias siendo beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo.
En este sentido, la directora provincial del SEPE, Elena Hernández, ha señalado que “por parte de nuestro servicio, se compatibilizarán de oficio las prestaciones, facilitando las gestiones a realizar por parte de los trabajadores para cobrar ambos emolumentos”.
Las OPAS han explicado el calendario de actividades agro-ganaderas, han mostrado su preocupación por la falta de correspondencia entre demanda y oferta de mano de obra y han coincidido con la idea de ser los indicados para ocuparse de detectar y cuantificar las necesidades de agricultores y ganaderos, puesto que son quienes mejor las conocen.
Por su parte, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, ha destacado “la importancia de mantener este clima de colaboración institucional para solventar los problemas de nuestros agricultores”.
Para finalizar la reunión, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha puesto de manifiesto la coordinación existente entre los servicios de la Administración Central del Estado y la Junta de Castilla y León, “vital en estos momentos”, y ha indicado que “es fundamental el papel que van a desempeñar las organizaciones agrarias en este proceso”.
