La preocupación por el centro de datos proyectado en Monfarracinos ha llegado al Ayuntamiento de Zamora. Representantes de la Plataforma Vecinal en Defensa de la Tierra del Pan y de la asociación Defendiendo lo vacío se han reunido con el equipo de gobierno municipal para solicitar que el Consistorio presente alegaciones al Proyecto Regional como municipio potencialmente afectado por sus impactos.
Los colectivos piden que el Ayuntamiento incorpore a sus alegaciones las preocupaciones que, según denuncian, quedaron fuera de las 24 alegaciones técnicas presentadas por el Ayuntamiento de Monfarracinos, pese a que los vecinos se las habían trasladado expresamente. Las asociaciones han agradecido al equipo de gobierno zamorano el tiempo dedicado y la atención recibida.
La petición llega después de que representantes de la plataforma asistieran al pleno del Ayuntamiento de Monfarracinos del pasado 7 de octubre. Tras esa sesión, el colectivo denunció una situación de indefensión y desinformación y cuestionó que el Consistorio no hubiera recogido todas sus demandas en las alegaciones remitidas.
Entre las cuestiones que reclaman que se estudien figuran el riesgo de despoblación y la posible devaluación de las viviendas y otros bienes inmuebles. También consideran que la documentación del Proyecto Regional no aborda de forma específica y suficiente el impacto socioeconómico de la instalación, sus posibles efectos acumulados sobre la salud, el impacto térmico ni las afecciones a los cultivos.
Los vecinos piden que se analicen conjuntamente los efectos que podrían tener la exposición continuada a emisiones, ruido, vibraciones y calor, así como la pérdida de suelo fértil y las consecuencias para la actividad agrícola. «Las explotaciones agrarias también necesitan tierra, agua y perspectivas de futuro», advierten.
Dudas sobre el empleo y el interés regional
Otro de los puntos que los colectivos consideran necesario aclarar es el empleo anunciado por los promotores del centro de datos. La plataforma reclama cifras verificables que permitan conocer cuántos puestos de trabajo se crearían realmente en el territorio y propone una auditoría independiente para evaluar el alcance económico del proyecto.
