Vox ha formalizado una querella ante el Tribunal de Instancia de Zamora contra el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, por la actuación policial durante el mitin de precampaña que Santiago Abascal ofreció el pasado martes 27 de octubre en la plaza de La Marina. La formación atribuye al representante del Gobierno y a otras autoridades o funcionarios posibles delitos de prevaricación, denegación de auxilio, delito electoral, contra el derecho de reunión y delito de odio.
El escrito, remitido por el partido a los medios de comunicación, solicita que se investigue tanto a Blanco como a los responsables del dispositivo policial y a las personas que protagonizaron una protesta durante el acto, en la que se escucharon gritos de "fuera fascistas de nuestros barrios".
La querella reclama que se incoen diligencias y que se tome declaración como investigados al subdelegado, a los funcionarios que pudieran tener responsabilidades en el operativo y a quienes, según Vox, "promovieron, convocaron, dirigieron o participaron" en la concentración.
La formación también solicita que declaren como testigos el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal; el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán; y los candidatos de la formación por Zamora a las elecciones autonómicas, Eugenio Blanco y Miguel Suárez.
Ángel Blanco defendió el pasado miércoles que el dispositivo policial desplegado durante el mitin fue el "adecuado" y aseguró que no se había recibido ninguna comunicación ni solicitud previa sobre la protesta, protagonizada por alrededor de una veintena de personas.
Según explicó, los manifestantes fueron alejados por los agentes de la zona más próxima al acto, permanecieron controlados durante la concentración y finalmente se disolvieron «sin ningún tipo de problema». El subdelegado sostuvo además que la protesta se desarrolló sin ninguna incidencia.
Vox solicita las identificaciones y las imágenes
Entre las diligencias que reclama la formación figura la incorporación del informe policial y de las actas de identificación de las personas concentradas, así como las imágenes de las cámaras de tráfico de la plaza de La Marina correspondientes al momento de los hechos y las grabaciones realizadas por los medios de comunicación.
Vox sostiene en su querella que existía un "riesgo conocido" por los incidentes registrados en días anteriores durante otros actos de la formación en La Coruña, Avilés y Mahón.
La formación considera que la actuación policial permitió que los manifestantes continuaran intentando alterar el desarrollo del mitin, una interpretación que contrasta con la versión ofrecida por la Subdelegación del Gobierno sobre el desarrollo del dispositivo.
