El Pleno del Consejo de Cuentas aprobó hoy el informe sobre el establecimiento de estas zonas en los nueve municipios de mayor tamaño, destacando que todos han cumplido la obligación, aunque fuera de plazo, excepto Zamora, donde la tramitación se ha retrasado, y Palencia, donde no se ha culminado el proceso.
La tramitación y contenido de las ordenanzas se ajusta, con carácter general, a la normativa, aunque, salvo en Ponferrada, los ayuntamientos con zonas implantadas no han cumplido con todas las obligaciones de información a otras administraciones públicas.
Las dos zonas en funcionamiento dentro del periodo analizado (Ávila y Ponferrada) estaban señalizadas y monitorizadas, con un régimen sancionador de aplicación diferida. Posteriormente, Valladolid también cuenta con zona monitorizada y ha previsto un calendario sancionador.
El informe, elaborado en coordinación con el Tribunal de Cuentas, analiza el cumplimiento de la normativa y la gestión de estas zonas, cuyo objetivo es la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire.
La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar estas zonas antes de 2023, algo que ninguno ha cumplido en plazo.
En el caso concreto de Zamora, el informe subraya que ni siquiera se ha aprobado inicialmente la ordenanza, encontrándose todavía en fase de redacción.
Además, varias ordenanzas han sido impugnadas en los tribunales, con sentencias que han obligado a repetir trámites en ciudades como Ávila y Segovia, mientras que en Valladolid se ha declarado nula su regulación.
Actualmente, solo Ávila y Ponferrada tienen las zonas en funcionamiento, mientras que otras ciudades prevén su entrada en vigor entre 2025 y 2029.
El informe también destaca que todos los ayuntamientos han incluido medidas para fomentar el transporte sostenible, limitar el tráfico según el nivel contaminante y controlar la calidad del aire y el ruido, aunque en algunos casos no se concreta la periodicidad de los informes de seguimiento.
Como conclusión, el Consejo de Cuentas recomienda al Ayuntamiento de Zamora acelerar la implantación de la ZBE, así como mejorar la transparencia mediante la publicación de informes anuales de seguimiento y reforzar los sistemas de evaluación de resultados.
