La presidenta de ANPE en la comunidad, Pilar Gredilla, el coordinador del servicio y el defensor del profesor en Castilla y León, Jesús Miño, y el presidente de ANPE en Salamanca, Nicolás Ávila, presentaban en la capital charra en las últimas horas los datos recabados del curso 2016-2017 a través del servicio de Defensor del Profesor de Castilla y León.
Se trata de un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. En España hay 22 defensores que han dado respuesta a los 79 casos que ha habido en Castilla y León en el curso pasado, una tendencia que califican de alcista desde 2013. Este 20% más se debe a que cada vez se pide más ayuda.
A pesar de que no distinguen entre centros públicos o privados, el 91% de las denuncias han sido de los públicos, con una predominancia de mujeres (58%), aunque es preciso señalar que es una profesión en la que hay más féminas.
De esos 79 casos atendidos por el Defensor del Profesor, 33 han sido maestros, 33 profesores de secundaria y 13 de las enseñanzas restantes. Lo más grave, recalcan, son las agresiones de los alumnos a profesores, que han pasado de 6 a 14, y en los últimos años se añade el ciberacoso a través de redes sociales. En lo que se refiere a las provincias, la que tiene más casos es Valladolid (26), seguida de Burgos (11), y en tercer lugar Salamanca con 10 casos.
En el lado opuesto se encuentran las tres únicas provincias donde los datos descienden: Zamora, Soria y Ávila. En el caso de Zamora, el número de casos atendidos ha pasado de 7 a 4 en el último curso finalizado.
ANPE ha aprovechado para hacer una serie de reivindicaciones, entre las que se encuentran la reactivación del Observatorio sobre la Convivencia Escolar, un programa de prevención de acoso escolar, un plan específico de formación del profesorado sobre este tema, el cumplimiento de los Decretos de convivencia, la asistencia psicológica gratuita a los profesores agredidos, el reconocimiento de la ansiedad, depresión y estrés como enfermedades profesionales de docentes; y el compromiso de la Administración para el tratamiento rehabilitador de los agresores.
