La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebra la sentencia del Tribunal Supremo que considera lícita la prohibición de alquiler de viviendas para uso turístico mediante acuerdos adoptados en junta de propietarios por mayoría de tres quintos. Hasta ahora esta mayoría solo podía limitar o condicionar el uso de una vivienda como de alquiler turístico, por ejemplo, fijando un número máximo de pisos por edificio o aumentando su contribución a los gastos generales, lo que en la práctica permitía al propietario interesado solicitar libremente la correspondiente licencia.
Aunque la propia ley de Propiedad Horizontal establece que el acuerdo no tiene efecto retroactivo, no queda claro que pasa con aquellas viviendas que tienen la licencia de alquiler turístico ya solicitada pero pendiente de autorización. Un hecho que, según OCU, puede dejar al propietario en una situación de incertidumbre jurídica.
OCU considera además que sigue siendo necesario armonizar las normativas autonómicas para mejorar la protección del resto de propietarios y vecinos que comparten el uso del edificio con inquilinos en régimen de alquiler turístico. Los problemas de limpieza, los ruidos y la inseguridad son a menudo origen de conflictos entre los residentes, aunque no sean exclusivos del alquiler turístico.
Por último, OCU urge a las autoridades autonómicas y municipales de consumo, turismo e industria a coordinar sus acciones con el fin de evitar abusos e incumplimientos. De hecho, buena parte de estas viviendas en alquiler son directamente ilegales: en Madrid, por ejemplo, el propio Ayuntamiento cifra en 14.000 las viviendas turísticas sin licencia (más del 90% de todas ellas).
