El Ministro del Interior ha reconocido un aumento del 52% de las armas blancas desde que comenzó a reflejar esta estadística en 2019 dentro de una de las categorías del Registro Nacional de Armas, al pasar de 15.140 armas blancas, a 21.534 en el año 2025.
En una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno informa de que la funcionalidad del Registro Nacional de Armas relativa a las armas blancas —quinta categoría del Reglamento de Armas— empezó a implementarse en el año 2019.
La estadística muestra una evolución creciente desde ese año, ya que en 2020 había registradas 15.464 armas blancas, un dato que sube a 17.404 en 2022 y a 19.382 en 2023. El último dato consolidado es el de 2025, con 21.534 armas blancas.
A PETICIÓN DE BILDU
Los datos los ha ofrecido el Gobierno a petición de EH Bildu, que quería saber el número de incautaciones o intervenciones de armas blancas que se han practicado en los últimos diez años, así como expedientes sancionadores que se han incoado y número de sanciones que se han impuesto por portar, exhibir o usar las citadas armas cuando los hechos no fueran constitutivos de delito; también pidió información de personas que han resultado heridas o fallecidas.
En este sentido, Interior ha explicado que no existe tratamiento ni en el Sistema Estadístico de Criminalidad, ni en el Registro Nacional de Armas que permita realizar consultas sistematizadas para conocer exactamente la edad de las personas portadoras de estas armas blancas, ni el número de personas que han resultado heridas, fallecidas y demás datos estadísticos solicitados.
El actual Registro Nacional de Armas se creó a raíz del Real Decreto 726/2020 que modificó el Reglamento de Armas de la Guardia Civil, un cambio que el Ministerio del Interior justificó en la necesidad de mejorar la identificación y trazabilidad sobre los propietarios, constando armas, municiones, componentes esenciales, guías, autorizaciones y licencias.
COMPROMISO DE MARLASKA EN EL CONGRESO
El debate sobre un endurecimiento del seguimiento de las armas blancas fue asumido el en abril por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se comprometió en el Congreso de los Diputados a preguntas del PNV a impulsar "a la mayor brevedad" nuevas medidas para combatir su presencia en espacios públicos relacionados con el ocio y "evitar disfunciones".
Marlaska se remitió durante la sesión de control al Gobierno al acuerdo de la Comisión Bilateral con el País Vasco del pasado 27 de marzo para abordar este problema de una "forma correcta y coordinada", lo que implica reformas legislativas y sensibilizar a la ciudadanía.
El ministro se refirió al artículo 146 del Reglamento de Armas para "facilitar una interpretación homogénea, clara, de todos los operadores jurídicos", así como del artículo 43 de la Ley de Seguridad Ciudadana o la necesidad de hacer más "efectivo" el Registro General de Infracciones en materia de seguridad ciudadana.
El diputado del PNV Mikel Legarda también mencionó el acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, para exigir concreción en las medidas que pongan fin a las noticias "con más frecuencia de la deseable" de peleas con armas blancas, sobre todo en áreas urbanas y con implicación tanto de población extranjera como nacional.
Marlaska recordó la instrucción dictada en 2022 donde ya se reforzó el control sobre este tipo de armas y para prevenir su uso, así como el plan policial contra los grupos violentos de carácter juvenil "donde estos hechos acontecen con una determinada asiduidad".
El marco legal hasta la fecha es la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que considera falta grave portar, exhibir o usar armas prohibidas, y el Reglamento de Armas de 1993, que el PNV considera que tiene limitaciones para actuar porque se rige por el tamaño del arma y prohíbe bastones estoque, puñales de cualquier tipo, navajas automáticas y hojas de más de once centímetros.
El Gobierno vasco ya había dicho que este marco legal se quedaba corto. De hecho, el pasado 20 de marzo el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió al Ejecutivo modificar esta ley con el objetivo de prohibir "completamente" el porte de armas blancas en las zonas de ocio nocturno, en los medios de transporte y accesos y en los espacios públicos o festivos en los que se produzcan aglomeraciones de personas.
