El Pleno del Congreso tiene previsto debatir este martes una iniciativa del PP que plantea la eliminación de la cita previa obligatoria para realizar trámites con la Administración General del Estado, garantizar la atención presencial con o sin cita y tomar las medidas organizativas pertinentes para poder combinar los servicios en persona con los telemáticos.
En esa proposición no de ley, que se debatirá el próximo martes, los 'populares' recalcan que la relación entre la ciudadanía y la Administración Pública debe regirse por los principios de "accesibilidad, eficacia, proximidad y servicio al interés general".
En ese sentido, la iniciativa, recogida por Europa Press, recuerda que la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas reconoce el derecho de las personas físicas a elegir si se relacionan con la Administración de forma presencial o electrónica, "salvo en los supuestos legalmente tasados".
Y subrayan que "en ningún caso la norma establece la obligatoriedad de la cita previa como condición exclusiva" para recibir atención presencial y que la "imposición" de este sistema constituye en la práctica un "obstáculo efectivo al ejercicio de derechos administrativos".
NO PUEDE SER BARRERA DE ACCESO
Si bien reconoce que, sobre todo desde la pandemia de coronavirus, se ha demostrado que la cita previa puede ser una "herramienta útil de organización", el PP avisa de que "no debe convertirse en una barrera de acceso".
A su juicio, son numerosos los organismos dependientes de la Administración General del Estado en los que resulta extraordinariamente complejo conseguir una cita previa o esta se ofrece con "demoras prolongadas", lo que genera "inseguridad jurídica" y, en ocasiones, "pérdida de derechos por vencimiento de plazos".
"No se trata de eliminar la cita previa como instrumento de gestión, sino de devolverla a su naturaleza original: un sistema voluntario que facilite la organización del servicio a quien libremente desee utilizarlo", resumen los 'populares', para quienes la atención "directa, inmediata y presencial debe seguir siendo una opción real y efectiva", especialmente para las personas mayores que sufren brecha digital o para quienes necesitan una respuesta urgente.
Por todo ello, planteará que el Pleno inste al Gobierno a eliminar la obligatoriedad de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado, a garantizar la atención presencial directa a cualquiera ciudadano que la solicite, con o sin cita previa y adoptar las medidas organizativas necesarias para compatibilizar la atención presencial, la telemática y la cita previa voluntaria.
