España avanza hacia la salida del estado de alarma, previsto para el 10 de mayo, y el comienzo de la temporada de baños con el menor número de muertes por ahogamiento no intencionales en sus espacios acuáticos en los últimos seis años, desde que en 2015 la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo comenzó a llevar la estadística en el Informe Nacional de Ahogamientos (INA).
El dato cerrado a 30 de abril señala que los fallecimientos por esta causa desde el pasado 1 de enero se elevaron a 41, catorce menos que en el mismo período de 2020, en que llevaba mes y medio en aplicación el confinamiento como consecuencia del estado de alarma por la crisis sanitaria.
En todo caso, la cifra es la menor en el primer cuatrimestre del año desde que existe esta serie histórica, situación que ya se había dado el año pasado, aunque vinculada, en un principio, a la casi absoluta restricción de los movimientos de las personas para frenar la expansión de la pandemia de la Covid-19.
De todas formas, el INA mantiene veintiocho casos en seguimiento, algunos de posible muerte por ahogamiento cuya causa no ha podido ser precisada en las fuentes que baraja la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo o por tratarse de informaciones de desapariciones de personas en espacios acuáticos cuyos cuerpos no han sido encontrados.
El director de Prevención y Seguridad del ente federativo, Francisco Cano Noguera, lamentó que la disminución de las víctimas mortales se deba a causas ajenas a la acción de las Administraciones públicas ante la ausencia de una acción decidida de los poderes públicos para atajar este problema de salud pública, “cuya realidad se repite y que se plasma en la pérdida de vidas humas, la mayoría de ellas muertes que se podrían evitar”.
“Esta inacción es más flagrante cuando hace unos días -aseguró el también portavoz de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo- la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución sobre la prevención de los ahogamientos a nivel mundial en la que alienta a todos los Estados miembros a “elaborar un plan nacional de prevención de los ahogamientos que incluya un conjunto de metas medibles acorde con sus necesidades y prioridades y forme parte de los planes, políticas y programas sanitarios nacionales más amplios”.
Cano señaló que ese plan nacional es lo que en España la Federación defiende como la Estrategia Nacional para la Seguridad Acuática, un conjunto de medidas para prevenir los ahogamientos en los espacios acuáticos.
En abril fallecieron once personas en los espacios acuáticos españoles cuya causa ha podido determinarse que ha sido por ahogamiento no intencional o no está vinculada con la migración.
Este dato da un perfil de la persona ahogada durante el pasado mes de un hombre (82 %), de nacionalidad española (64 %), con una edad que está entre los 35 y los 64 años (54.6 %), que ha fallecido mayoritariamente en una playa (45 %) o en una piscina (36 %), entre las 18.00 y las 20.00 horas (36,4 %) y, en cualquier caso, en un suceso acaecido en un espacio sin vigilancia de socorristas (100 %).
Dos de las once personas que fallecieron perdieron la vida en Andalucía, que se mantiene como la Comunidad Autónoma con más muertes a lo largo de lo que va del año, con once sobre las 41 totales, además del mismo número en Canarias, Galicia y Cataluña, mientras que las otras tres se registraron en la Comunidad Valenciana, el País Vasco e Islas Baleares, territorios estos dos últimos que con estas víctimas registran sus primeros óbitos por ahogamiento este año.
