El empresario Víctor de Aldama, imputado en el 'caso hidrocarburos', ha solicitado al juez ser él mismo quien venda los vehículos que le fueron incautados porque considera que puede conseguir más dinero para afrontar eventuales responsabilidades judiciales que si son subastados por la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia.
El empresario ha solicitado, mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, ser "depositario" de los vehículos que le fueron incautados en esta causa para proceder a su venta en el mercado y "no por los procedimientos establecidos por la ORGA", ya que "supondría obtener importes sustancialmente superiores".
Según recuerda Aldama, la ORGA propuso subastarlos por ser "la propuesta económica más ventajosa que, por un lado, evitaría la depreciación de los vehículos por el desuso y, por otro, evitaría que se incurriera en nuevos gastos de depósito".
Aldama asegura que el importe que pueda el obtener quedará "afecto a las responsabilidades que, en su caso, pudieren derivarse del presente procedimiento", así como aquellas referidas al 'caso Koldo', en el que el Tribunal Supremo le condenó a cuatro años y medio de prisión, aunque suspendió el cumplimiento de la pena por su colaboración.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga el supuesto fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos que se habría realizado entre 2021 y 2024, ordenó la incautación de varios vehículos de alta gama, entre los que se encuentran un Jaguar, un Ferrari y varios Land Rover.
El empresario alega que el valor que se atribuye a los vehículos en los informes de la ORGA "es sensiblemente inferior al valor de mercado real" y manifiesta que en alguno de los casos, como en el del Ferrari, es un coche "considerado en el mercado como de coleccionista".
Por ello, insiste en que "la venta de dichos vehículos en el mercado, y no por los procedimientos establecidos por la ORGA, supondría obtener importes sustancialmente superiores", lo que permitiría, a su vez, hacer frente a responsabilidades pecuniarias que pudieren derivarse de este u otros procedimientos.
Según el servicio online de valoraciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, los 13 coches incautados a los investigados de la presunta trama tendrían un valor aproximado de 635.700 euros.
