La Agencia Tributaria sospecha que el empresario y conseguidor Víctor de Aldama ganó 550.000 euros por una serie de gestiones ficticias relacionadas con la "obtención de combustible" en República Dominicana y que habrían procedido del presunto fraude de hidrocarburos.
Así consta en un informe que Hacienda ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso hidrocarburos', en el que están investigados, entre otros, Aldama y su socio Claudio Rivas como presuntos líderes de una supuesta red criminal que habría defraudado 200 millones de euros procedentes de ese sector.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la Agencia Tributaria pone de relieve una operación entre Global Stratos Investments, que vincula a Aldama, y a Canary Islands Fuel Company (Cifuel), una de las sociedades bajo sospecha en la causa, en la que la primera "se compromete a prestar entre otros servicios de intermediación para la obtención de combustibles y nuevos clientes", una tarea para la que habría obtenido como contraprestación la cifra de 550.000 euros.
En las facturas aportadas por Cifuel aparece como concepto por estos trabajos la descripción "servicios realizados en la República Dominicana para la obtención de combustible", indica.
CONTACTOS TELEFÓNICOS "SIN PERIODICIDAD CONCRETA"
Sin embargo, la administradora de Cifuel, Oriana Aciego, también investigada en la causa, señaló en respuesta a un requerimiento de información que "los contactos fueron sólo de carácter telefónico, sin periodicidad concreta" y sólo se les informaba sobre "clientes a los que se le podían realizar ventas".
"En la documentación aportada no figura ninguna compra de combustible procedente de este país, ni se ha aportado justificación documental alguna de los informes realizados, por lo que se podría dudar de la realidad de los servicios facturados", explica ahora la Agencia Tributaria.
El informe detalla que entre 2022 y 2024, Villafuel habría defraudado el IVA correspondiente a las operaciones de venta de hidrocarburos "no repercutiendo ni cobrando a sus clientes destinatarios reales", fundamentalmente intermediarios y gasolineras, las cuotas de IVA devengadas con ocasión de dichas ventas.
Tampoco habría declarado ni ingresado dichas cuotas "en las correspondientes autoliquidaciones de IVA que presenta ante la Hacienda Pública estatal", todo ello a través de "un complejo sistema de defraudación".
EL "SISTEMA DE DEFRAUDACIÓN"
Ese sistema funciona de la siguiente manera, según la Agencia Tributaria: por un lado, Villafuel "simula transmitir en régimen suspensivo el hidrocarburo de su propiedad" a siete sociedades interpuestas que "están bajo la esfera de su control" y que están siendo investigadas en el marco de esta causa, entre las que se encuentra Cifuel.
"Villafuel en realidad transmite directamente el hidrocarburo a los clientes finales (estaciones de servicios, directamente o a través de intermediarios), consiguiendo con dicho comportamiento defraudatorio no repercutir ni declarar ni ingresar las cuotas de IVA correspondientes", subraya.
Esa "conducta defraudatoria" se completa con "otros comportamientos defraudatorios" que habría practicado cada una de las sociedades bajo sospecha, "tendentes a no ingresar, en su inmensa mayoría, las cuotas de IVA repercutidas" por las sociedades interpuestas a los clientes finales o intermediarios.
La Agencia Tributaria sostiene que Cifuel fue interpuesta por Villafuel "para aparentar el traslado de hidrocarburos dentro de depósito fiscal, exento de impuesto, trasladando de forma simulada el devengo del impuesto" a esta y otras seis sociedades bajo sospecha "sin capacidad de gestión técnica" ni "recursos financieros ni humanos". Estas compañías "se vacían de patrimonio y no ingresan el impuesto repercutido", incide el informe.
"De forma simulada, las siete entidades interpuestas simulan vender hidrocarburos a los destinatarios finales (gasolineras directamente o a través de intermediarios) realizando ventas a pérdidas, al realizarlas a un precio inferior al coste por el que dichos productos se adquirieron disimuladamente a Villafuel", señala.
E indica que esas ventas "se realizan directamente a las gasolineras o mediante la interposición de tantas sociedades como considerasen necesario para alejar el foco de Villafuel, pero todas ellas con un denominador común: la venta a pérdidas".
"La clave para hacer viable económicamente la estructura defraudatoria diseñada es que la trama se apropia de la cuota de IVA que repercute a sus clientes finales, haciendo altamente lucrativas dichas operaciones y permitiéndole rebajar ilícitamente los precios, expulsando del mercado a aquellos operadores que cumplen con la normativa tributaria", añade.
REBAJAR EL PRECIO DE VENTA A LOS CLIENTES FINALES
Hacienda indica que del 21% del IVA supuestamente defraudado, un 10% era utilizado "para rebajar el precio de venta ofertado a sus clientes finales", con el objetivo de obtener una "ventaja competitiva" en el mercado, mientras que el otro 11% "se extrae de la esfera patrimonial de dichas sociedades interpuestas a través de presuntos contratos de asesoramiento" que se formalizan en su mayoría con "entidades ubicadas en Portugal".
Con ello, la presunta trama habría querido "deslocalizar los ingresos y dificultar o impedir el seguimiento de los fondos defraudados", una afirmación que apoyan con la detección de "salidas de fondos hacia China", cuya investigación "habrá de realizarse en sede de instrucción penal".
Estas "salidas de fondos" podrían ser "indiciarias" de "un presunto vaciamiento patrimonial de las sociedades involucradas en la trama a los efectos de dificultar el cobro y recuperación de las cantidades defraudadas", argumenta.
Tras el juicio del 'caso mascarillas', Aldama fue condenado a cuatro años de prisión en el Supremo por los delitos de organización criminal y cohecho, si bien los magistrados aplicaron al empresario la atenuante de colaboración muy cualificada y suspendieron la ejecución de su pena por su "aportación realizada al descubrimiento de los delitos", según la sentencia.
