El Anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos viene a sustituir a la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, adaptando el marco regulatorio a la realidad social, económica y ambiental de nuestro territorio. En este contexto, la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy diferente a la que existía cuando se dictó dicha ley de 1996, puesto que así como las especies ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado en general un notable incremento, las especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas han visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes.
Estos cambios están produciendo efectos no deseables, tales como el notable incremento de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí o el conejo; o el preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por la irrupción de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los últimos 5 años, superándose actualmente la cifra de más 8.000 accidentes al año, lo que equivale a más de 20 accidentes al día. Asimismo se produce una mayor dificultad en el control de determinadas epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en algunos casos, de la salud de las personas. Al margen de atacar hábitats de especies vulnerables o el peligro aumentando la amenaza de su existencia.
El anteproyecto de ley fue sometido al trámite de consulta previa desde 30 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2019, con el fin de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones potencialmente interesadas por la futura norma, y de la población en general, recibiéndose 17 sugerencias.
Posteriormente, el proyecto de norma ha sido sometido a información pública durante el período comprendido entre el 17 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020, para general conocimiento y cumplimiento del trámite de participación ciudadana, además de ser remitido a las entidades de carácter sindical, social, administrativo, empresarial y profesional, que se pudieran ver potencialmente afectadas.
Se han recibido alegaciones de 162 personas o entidades diferentes, 31 de ellas a través de la plataforma de Gobierno Abierto, y 131 en el trámite de información pública y de audiencia a interesados. Estos 162 alegantes han formulado un total de 1.806 alegaciones, que han sido analizadas desde un punto de vista técnico-jurídico, lo que ha permitido mejorar el texto. Todos los alegantes reciben contestación sobre los motivos de la aceptación o denegación de sus aportaciones al texto.
Además de este trámite de información pública, las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León han formulado las observaciones que han estimado oportunas, al igual que por parte de la Dirección General de Presupuestos y Estadística se ha emitido el preceptivo informe al anteproyecto.
Tras el análisis técnico y jurídico de dichas alegaciones, sugerencias e informes, la Consejería planteará una nueva versión del anteproyecto, que se someterá al Consejo Económico Social y al Consejo Consultivo, paso previo para su aprobación como proyecto de ley por el Consejo de Gobierno, quien lo trasladará a las Cortes de Castilla y León para su futura aprobación definitiva.
