Las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la asociación que las agrupa, Aecyl-ITV, han presentado demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la rebaja del 20 por ciento de las tarifas del servicio que ha planteado la Junta para el año 2015. Reducción del precio prometida meses atrás después de que se denunciara por parte de asociaciones de consumidores que la ITV es la más cara de España.
Las empresas del sector argumentan que esta medida "pone en riesgo la prestación de un servicio público con consecuencias en la seguridad vial". Por eso, solicitan la suspensión cautelar de la orden que el Ejecutivo autonómico publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). "Esta decisión política muestra un incumplimiento contractual y un ejercicio abusivo y arbitrario de las potestades administrativas, vulnerando de esta manera los derechos y garantías de las entidades que integran AECYL-ITV", añaden.
Asimismo, señalaron que "la modificación unilateral de los contratos es ilegal por ser contraria al ordenamiento jurídico, tanto nacional como europeo, y se aplica sin compensar a los contratistas por los daños que esta modificación les supone". Y aseguran que la orden elimina el derecho de actualización de tarifas conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), puesto "existe un derecho reconocido para adaptar de forma automática la tarifa a los precios. Cualquier modificación o expropiación de dicho derecho que quiera acometerse por parte de la Administración debe necesariamente acompañarse de la debida compensación, en cumplimiento de la legalidad exigible".
Y concluyen: "Se estaría poniendo en riesgo la viabilidad económica de las entidades concesionarias, que a su vez emplean a 546 trabajadores en Castilla y León, con el grave perjuicio que ello conllevaría sobre la prestación del servicio y sobre los intereses de los ciudadanos, así como sobre el empleo directo e indirecto que generan los centros de ITV".
