"Tengo que asumir esa sentencia pero lo hago desde el convencimiento de haber construido mi casa ajustándome a las normas del planeamiento que ha estado vigente hasta su reciente modificación, -promovida por el Equipo de Gobierno Municipal liderado por Sedano- y con el convencimiento de la validez de aquella licencia que desde el Ayuntamiento se me otorgaba con el respaldo, no se olvide, de dos acuerdos del Pleno del Ayuntamiento en los que los concejales populares votaron a favor. Por eso lo he luchado y lo seguiré haciendo hasta el final, siempre desde el respeto de la legalidad", ha asegurado Rodríguez en un comunicado.
El Tribunal entiende que no es contrario a derecho revisar la licencia porque al momento de concederse afectaba a los sistemas generales previstos en el Plan General, "sistemas generales que al parecer no resultaron afectados por la tramitación de las modificaciones del Plan General instadas por mí y tramitadas entonces con apoyo, como he dicho, de los concejales populares. Lo que en modo alguno dice el TSJ es que debe resultar del seguimiento “obligatorio” del procedimiento de revisión de licencia, y mucho menos que se haya incurrido por mi parte en una ilegalidad urbanística que, de existir, sería imputable al Ayuntamiento que la concedió y a quienes votaron a su favor. Se está obligando a revisar una errónea actuación municipal, no mía, que actué convencido de su legalidad", ha añadido.
Lorenzo Rodríguez ha detallado que en ese procedimiento de “revisión de oficio” es parte interesada "y ejercitaré todas las acciones que me asistan, sin excluir la posible reclamación de daños y perjuicios. Una errónea licencia urbanística del Ayuntamiento no quiere decir que yo haya incumplido ningún procedimiento, porque es el Ayuntamiento quien me concedió esa licencia y debió resolver ese procedimiento en su momento y en debida forma. Si este asunto quieren llevarlo a la Fiscalía, les digo que ya están tardando. Yo soy la víctima de una licencia mal tramitada no el transgresor. Aquí lo que se sanciona es una mala actuación municipal de la que yo soy el perjudicado. No soy yo quien habrá de responder sino el propio Ayuntamiento y sus responsables. De los errores de la Administración no responden los ciudadanos sino la propia Administración".
Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Antonio Plaza, ha explicado que se trata de "un problema de un ciudadano frente a la administración, él creía que todo era legal y no se puede cambiar el argumento para que las decisiones de la administración las pague el ciudadano".
