Los proveedores de media docena de entidades locales de la provincia de Zamora cobrarán cerca de 840.000 euros, correspondientes a 1.094 facturas pendientes de cobro, dentro del primer tramo de la tercera fase del Plan de Pago a Proveedores que desarrolla el Gobierno de España.
Los datos relativos a la provincia de Zamora se resumen en los 838.824 euros que cobrarán las seis entidades locales y que servirán para liquidar las 1.094 facturas correspondientes a 58 proveedores, de los que 29 son pequeñas y medianas empresas; once, grandes empresas, y 18, personas físicas.
Los pagos a las pymes suponen la mayor partida, con 414.572 euros; las once grandes empresas proveedoras cobrarán casi 236.000 euros y las 18 personas físicas recibirán de estas entidades los 188.414 euros restantes.
Más de 24 millones
En el ámbito regional, los proveedores de las entidades locales de Castilla y León cobrarán 24.233.502 millones de euros, correspondientes a 7.984 facturas pendientes de cobro. Se trata de 508 proveedores (pymes y autónomos en un 90%) de 59 entidades locales de la Comunidad autónoma.
Desde el inicio del primer plan en 2012, el Gobierno de España ha garantizado en Castilla y León el pago de casi 84.700 facturas pendientes a los proveedores que tenían pagos pendientes de entidades locales de la región. “El principal detonante para que el Gobierno adoptara este iniciativa fue el importante retraso que las administraciones territoriales acumulaban, en anteriores legislaturas, en el pago de sus facturas”, explican a zamora24horas fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora. “Por ello, surgió una operación para posibilitar el pago de las pendientes hasta el 31 de diciembre de 2011, tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales; la tercera fase del plan, la actual, amplía el período de facturas pendientes de pago hasta el 31 de mayo de 2013”, añaden.
A partir del año que viene, la nueva ley de gestión de la deuda comercial en el sector público (en tramitación parlamentaria) establece el pago a los proveedores a 30 días y, si después de 60 días no se han pagado facturas, el Gobierno” tomará medidas con las administraciones incumplidoras”, concluyen las mismas fuentes.
