Se da la circunstancia de que el órgano de gobierno de los jueces castellanoleoneses ya había recibido anteriormente otros escritos presentados por los titulares de Juzgados Únicos de la Comunidad y por los letrados de la Administración de Justicia que sirven en los mismos en los que se ponía de manifiesto la ausencia o insuficiencia de medidas de seguridad en los edificios que constituyen sus sedes, con el riesgo que ello comporta.
Tales escritos dieron lugar a que la Sala de Gobierno dictara acuerdos alertando del peligro de estas situaciones e instando a los órganos correspondientes para que adoptasen las decisiones convenientes. Fue el caso por ejemplo del Acuerdo dictado en el expediente general nº 109/2015 en relación a la situación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Briviesca (Burgos).
En esta ocasión, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Puebla de Sanabria ha informado a la Sala de los incidentes protagonizados por una persona sujeta a distintos procedimientos penales, condenada en algunos de ellos, y que ha puesto de manifiesto su peligrosidad e incluso ha proferido amenazas hacia ella.
Al mismo tiempo, la titular ha hecho saber a la Sala que el Juzgado carece de medidas de protección, lo que ocasiona inseguridad tanto a ella como al personal que trabaja en el órgano judicial y a las personas que acuden al mismo.
Hay que tener en cuenta además que la sede del Juzgado es una vivienda, la única habitada del edificio, a la que cualquier persona accede a través de una puerta sin ningún tipo de control y con ausencia absoluta de medidas de seguridad.
La Sala de Gobierno ha acordado por tanto poner de manifiesto que la situación referida por la titular del Juzgado de Puebla de Sanabria es peligrosa tanto para quienes prestan servicios en dicho Juzgado como para quienes acuden al mismo por las características del edificio que constituye su sede y por la carencia total de medidas de seguridad.
Así pues, la Sala ha resuelto poner esta realidad en conocimiento del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General para el Servicio Público de la Justicia, para que adopte las medidas oportunas. Además, el órgano de gobierno ha hecho hincapié en que la situación, que afecta a la totalidad de los Juzgados Únicos de Castilla y León, no es nueva ya que se ha informado en anteriores ocasiones, sin que tenga conocimiento de que se haya remediado.
