Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado a la Junta de Castilla y León que aclare si tiene competencias para autorizar la totalidad de las instalaciones previstas en el centro de datos hiperescalar de Monfarracinos, cuya tramitación se ha iniciado bajo la figura de Proyecto Regional. La formación considera que parte de las infraestructuras energéticas vinculadas al complejo podrían depender de la Administración General del Estado.
La iniciativa ha sido trasladada a las Cortes de Castilla y León mediante 25 preguntas registradas por el procurador Luis Mariano Santos, con las que UPL pretende conocer cómo se ha abordado el reparto de competencias entre las administraciones y si se realizaron las comprobaciones necesarias antes de poner en marcha el procedimiento.
El proyecto contempla cinco edificios destinados al centro de datos, además de un conjunto de instalaciones energéticas asociadas, entre ellas un parque fotovoltaico, una subestación y líneas de evacuación. Para los leonesistas, estas infraestructuras obligan a analizar por separado qué autorizaciones corresponden a la Junta y cuáles podrían estar sujetas a la legislación estatal.
UPL recuerda que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico atribuye al Estado la autorización de determinadas instalaciones de producción eléctrica en la península cuando superan los 50 megavatios de potencia instalada, así como de sus infraestructuras de evacuación, entre otros supuestos. La formación pregunta, por tanto, si la Junta ha determinado qué elementos del complejo se encuentran dentro de sus competencias y cuáles podrían corresponder al Estado.
UPL reclama los informes previos a la declaración de Proyecto Regional
Las preguntas registradas también buscan conocer qué documentación respalda la tramitación del centro de datos. En concreto, la formación leonesista solicita que la Junta identifique el informe favorable de la consejería competente que debe existir antes de iniciar el procedimiento, con indicación del órgano emisor, la fecha y sus conclusiones.
Asimismo, reclama información sobre los informes sectoriales relativos a materias como aguas, energía, medio ambiente, urbanismo, carreteras, patrimonio, salud pública, incendios y Protección Civil. UPL quiere saber cuáles se han solicitado y obtenido y qué documentación permanece pendiente.
La formación también cuestiona cómo se ha justificado que la actuación reúna los requisitos para ser declarada Proyecto Regional, así como su utilidad pública, interés social e incidencia supramunicipal.
La formación pide que no se apruebe definitivamente sin garantías
UPL plantea además qué decisión adoptaría el Ejecutivo autonómico si alguno de los informes preceptivos fuera desfavorable o estableciera condiciones que modificasen sustancialmente el proyecto. Entre las posibilidades sobre las que pregunta figuran la modificación, suspensión o denegación de la aprobación.
Los leonesistas reclaman que la Junta no apruebe definitivamente el Proyecto Regional mientras no estén delimitadas las competencias de cada administración y se hayan incorporado las autorizaciones e informes exigibles.
La iniciativa vuelve a situar el centro de datos de Monfarracinos en el debate político autonómico, esta vez desde la perspectiva de su encaje jurídico y administrativo. UPL sostiene que la dimensión de la inversión no exime de acreditar la viabilidad legal, urbanística, ambiental y territorial de la actuación.
