La economía sumergida suma y sigue. Su tamaño aumentó en 60.000 millones de euros durante la crisis, hasta situarse en el 24,6% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según recoge el informe 'La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis', presentado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili. Un informe que sitúa a la provincia de Zamora nueve puntos por encima de la media nacional, en el 33,3% del PIB, y el doble que a finales del año 2007, antes de desatarse la actual recesión económica. Ese dato supone el segundo más alto de toda España, solo superado por el 33,5% de Almería.
Este importante incremento se debió en gran medida, explica el informe, "al efecto arrastre provocado por el ‘boom’ inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera".
Así, "al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro, triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial".
Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura defraudadora no está tan enraizada. De hecho, sólo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).
En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales, un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es “muy difícil” bajar de tasas de entre el 6% y el 8% del PIB, dado que hay actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen.
