Castilla y León se encuentra en una encrucijada. La ola de incendios está reduciendo a cenizas una comunidad cuya belleza paisajística se erigía entre las más bellas del país. El fuego no da tregua y avanza con voracidad destruyendo la naturaleza a su paso.
Ante esta situación, la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL) ha alzado la voz para exigir en un comunicado la destitución inmediata del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, por su “reincidente negligencia” en la gestión del operativo de incendios.
“Basta ya de este funesto modelo de operativo de lucha contra incendios”, denuncian con contundencia en el comunicado. Los bomberos forestales califican la situación actual como una “tragedia humana y medioambiental” y responsabilizan directamente a la Junta de Castilla y León.
ATIFCYL recuerda que, pese a catástrofes como los incendios de Navalacruz en 2021 y la Sierra de la Culebra en 2022, con cuatro víctimas mortales, “no han emprendido ningún cambio sustantivo en la gestión forestal”. Denuncian además la “creciente precariedad e inestabilidad” laboral. “No se ha contratado personal para cubrir las vacantes. Un 30 % de los puestos estaban sin cubrir en julio de 2025”, afirman. Asimismo, añaden que la situación ha provocado la “comprensible huida del maltrato laboral” de muchos compañeros.
El colectivo acusa al actual equipo de la Junta de “despilfarrar fondos públicos” en contratos a empresas privadas y adquisiciones “absurdas e ineficaces”, a pesar de contar con un presupuesto “cinco veces mayor que el de 2022”. Critican el “alquiler de autobombas con un coste sobredimensionado”, la “compra de tablets y cámaras inútiles”, y “kits intragables de avituallamiento a base de sales solubles y cacahuetes”. Según ATIFCYL, más del 60 % de los bomberos forestales están actualmente contratados por empresas privadas como Tragsa, lo que impide garantizar un servicio público eficaz.
“Solo existe una fórmula: un operativo 100 % público, profesional y con condiciones laborales dignas”, reclama la asociación. En este sentido, acusan a los sindicatos mayoritarios de “traicionar al colectivo” al firmar un acuerdo en 2022 que, según denuncian, dio “carta blanca a la Junta para aumentar la privatización”.
Los bomberos forestales de Castilla y León ponen el grito en el cielo y aseguran que seguirán con sus reivindicaciones. “Seguiremos alzando la voz hasta conseguir que nuestras condiciones laborales sean la prioridad absoluta de la gestión” y concluye con una promesa. “Con el mismo empeño que nos enfrentamos a los incendios, continuaremos nuestra lucha hasta que lo consigamos, por amor y respeto a nuestra tierra y a nuestros vecinos”.
