La planta de biometano proyectada en Villardondiego da un nuevo paso administrativo. La Junta de Castilla y León ha formulado una declaración de impacto ambiental favorable para la construcción de esta instalación, promovida por Biorig Energy Villardondiego-Zamora S.L., que tendrá capacidad para tratar hasta 198.000 toneladas de residuos orgánicos al año y producir 10.055.427 metros cúbicos normales de biometano.
La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), recoge el resultado de la evaluación ambiental ordinaria del proyecto, que contempla una planta de valorización de residuos en el paraje de Las Hierbas, en el término municipal de Villardondiego. La instalación ocupará una superficie de 66.767 metros cuadrados dentro de una parcela de 78.316 metros cuadrados.
El proyecto plantea aprovechar principalmente residuos procedentes de la actividad ganadera y agrícola. En concreto, la planta podrá recibir anualmente 151.000 toneladas de heces de animales, orina, estiércol y efluentes, además de otras 47.000 toneladas de residuos de tejidos vegetales.
El proceso se realizará mediante digestión anaerobia, una técnica que permite transformar la materia orgánica en biogás. Posteriormente, este gas será sometido a un proceso de depuración para obtener biometano, que podrá inyectarse en la red convencional de transporte de gas.
Además de los más de diez millones de metros cúbicos de biometano previstos, la instalación producirá 8,7 millones de metros cúbicos de BioCO2 y 206.817 toneladas anuales de fertilizante orgánico, elaborado a partir del digestato resultante del proceso y otros componentes.
La planta contará con ocho silos digestores, tres tanques de almacenamiento intermedio y distintas áreas destinadas a la recepción de residuos, su tratamiento, la separación de las fracciones sólida y líquida y la depuración del gas.
Una línea eléctrica que también atravesará Toro
El proyecto no se limita a la construcción de la planta. Incluye también las infraestructuras necesarias para conectarla a las redes de suministro eléctrico y transporte de gas.
Por un lado, contempla una línea eléctrica subterránea de media tensión de 20 kilovoltios y 6.292 metros de longitud, que discurrirá por los términos municipales de Villardondiego y Toro. Su punto de conexión será una instalación fotovoltaica existente en Toro.
Por otro, se proyecta un gasoducto de 1.474,3 metros que conectará la planta con la infraestructura gasista existente Aranda-Zamora.
La ubicación elegida se encuentra a 2.605 metros de Pozoantiguo, el núcleo de población más próximo, a 3.050 metros de Villardondiego y a 3.210 metros de Toro. Tagarabuena se sitúa a 3.480 metros.
La documentación ambiental recoge que la alternativa seleccionada para ubicar la planta es la que presenta una mayor capacidad de acogida del entorno, con cerca del 98,3% de su superficie en terrenos considerados de alta capacidad ambiental.
El agua y los olores, entre las principales condiciones
La declaración favorable no supone una autorización automática para comenzar la actividad. La Junta condiciona la viabilidad ambiental del proyecto al cumplimiento de un amplio conjunto de medidas preventivas y correctoras y recuerda que la empresa deberá obtener las autorizaciones sectoriales y administrativas que correspondan, incluida la autorización ambiental.
Entre las exigencias figura la protección del agua y del suelo, especialmente por la proximidad del arroyo de Adalia, que linda con el límite norte de la parcela. La Confederación Hidrográfica del Duero advirtió en su informe de que parte del terreno se encuentra dentro de la zona de policía del cauce.
Por ello, la resolución establece que las zonas de recepción, almacenamiento y manipulación de residuos deberán contar con pavimentos impermeables y sistemas de recogida de posibles vertidos. También exige que los depósitos de almacenamiento del digestato sean estancos y que no se produzcan vertidos de este material al dominio público hidráulico.
La prevención de los olores constituye otro de los aspectos destacados del condicionado ambiental. La empresa deberá reducir al mínimo imprescindible el volumen y el tiempo de almacenamiento de los residuos orgánicos y establecer un sistema de revisión y mantenimiento de los equipos de tratamiento de olores.
Además, durante el primer año de funcionamiento tendrá que realizar un estudio olfatométrico conforme a la norma UNE 13725, con al menos tres estaciones meteorológicas y un análisis de dispersión de contaminantes. Sus resultados permitirán determinar si las medidas implantadas son suficientes o si resulta necesario incorporar otras adicionales para evitar molestias en las poblaciones cercanas.
La Junta también exige un análisis previo de las aguas subterráneas antes de poner en servicio las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos, con el objetivo de establecer el estado de referencia del agua antes del comienzo de la actividad.
Las alegaciones de colectivos y particulares
La tramitación del proyecto estuvo acompañada de un periodo de información pública en el que se presentaron alegaciones de la Asociación Ecología y Libertad, la Asociación Sanfonpi en Pie, Ecologistas en Acción de Zamora y numerosos particulares.
Entre las objeciones planteadas figuraban las posibles afecciones sobre el agua, el suelo, el paisaje y el medio ambiente, el impacto sobre el turismo y los vecinos de los municipios próximos, los riesgos para el patrimonio arqueológico y la falta de trazabilidad del digestato. También se cuestionaron el tamaño de la instalación, su compatibilidad urbanística y la solvencia económica de la empresa promotora.
La documentación recoge igualmente los informes de distintos organismos. La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal no apreció afecciones significativas a los espacios protegidos de la Red Natura 2000, aunque señaló la presencia de especies como la avutarda, el aguilucho cenizo y el cernícalo primilla en el entorno.
Por su parte, el informe de Sanidad no planteó alegaciones al proyecto desde el punto de vista de sus posibles repercusiones sobre la salud.
La resolución incorpora también medidas de protección arqueológica, entre ellas la realización de sondeos previos en el yacimiento de El Poleo y el seguimiento arqueológico de las obras.
El promotor tendrá que presentar informes ambientales anuales desde el inicio de las actuaciones para acreditar el cumplimiento de las medidas establecidas y la eficacia de los controles. La declaración de impacto ambiental tendrá una vigencia de cuatro años para comenzar la ejecución del proyecto desde su publicación, salvo que se solicite y conceda una prórroga.
