La Asociación Defendiendo lo Vacío del Alfoz de Toro ha rechazado la declaración de impacto ambiental favorable de la planta de biometano de Villardondiego, publicada hoy por la Junta de Castilla y León. El colectivo denuncia que el proyecto avanza sin que se haya acreditado de forma pública y suficiente su compatibilidad con los medios de vida, el patrimonio y la calidad de vida de quienes habitan la comarca.
El Alfoz de Toro, Tierra del Vino y los Valles de Benavente, tres de las grandes zonas vitivinícolas de Zamora, están acumulando proyectos de biometano. Para la asociación, esta concentración de macroplantas de residuos resulta incompatible con la protección de un territorio que ha construido durante generaciones su economía y su identidad alrededor del campo, del vino y de su paisaje.
¿Quién garantiza la compatibilidad de estas macroindustrias con el turismo, el enoturismo y la actividad de nuestras bodegas, que hoy son motores de la economía de la comarca? ¿Quién va a responder si nuestras viviendas y nuestro patrimonio pierden valor? ¿Quién va a compensar a quienes pierdan su medio de vida?
Defendiendo lo Vacío denuncia la falta de garantías acreditadas frente a los riesgos de olores persistentes, contaminación de las aguas, salinización de los suelos y deterioro del paisaje. Considera que la acumulación de instalaciones exige valorar qué puede soportar el conjunto del territorio y cómo afectaría a las actividades que ya lo sostienen.
Una vez más, se está vendiendo el territorio a grandes empresas energéticas y fondos de inversión que defienden intereses que se ubican lejos de aquí, sin que se haya hecho un estudio previo suficiente del impacto socioeconómico sobre la provincia. Quienes están decidiendo sobre esta materia, siendo la Junta la responsable de la ordenación del territorio, no están velando por el futuro de la zona.
La planta de Villardondiego prevé procesar 198.000 toneladas anuales de residuos agroganaderos, entre ellos purines, estiércoles y gallinaza. La promotora anuncia, además, alrededor de 200.000 toneladas anuales de digestatos para su distribución en la comarca. La asociación advierte de que el transporte, el almacenamiento y la aplicación agrícola de estos materiales extienden la actividad mucho más allá de la parcela industrial y del municipio donde se ubica.
A esta se suma la falta de transparencia que la asociación considera inaceptable. Tras más de ocho meses desde la primera solicitud y distintas peticiones ante el Ayuntamiento de Villardondiego, la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León, el colectivo sigue sin disponer del expediente completo. El procedimiento avanza mientras quienes tendrán que convivir con sus consecuencias continúan sin poder examinar toda la documentación que lo sustenta.
La asociación expresa también sus dudas sobre la valoración realizada por la Confederación Hidrográfica del Duero respecto de la balsa de almacenamiento de la fracción líquida del digestato, cuya ubicación en la zona de policía del arroyo Adalia viene señalando. El cauce desemboca en el Duero. El riesgo de que un vertido accidental alcance sus aguas exige una evaluación rigurosa que el colectivo denuncia no haber podido comprobar con la documentación completa.
En relación con la tramitación municipal, Defendiendo lo Vacío recuerda que, según la nota simple registral que consultó, el alcalde de Villardondiego figuraba como titular de la parcela prevista para la instalación. La asociación considera que esta circunstancia refuerza la necesidad de que las actuaciones municipales sean plenamente accesibles y puedan someterse a escrutinio público.
Defendiendo lo Vacío denuncia que las instituciones están permitiendo avanzar una transformación del territorio sin ofrecer a la población la transparencia ni la protección que merece. La asociación llama a vecinos, agricultores, bodegas y negocios a defender juntos el futuro de estas comarcas. El despliegue de macroproyectos energéticos no es un problema aislado de un municipio ni debe valorarse únicamente expediente a expediente: es un problema de alcance provincial. Están pasando por encima de nuestras vidas y de nuestro bienestar. Nos jugamos poder seguir viviendo en nuestra tierra.
La Denominación de origen Toro tiene un valor que se ha construido durante generaciones. Ninguna decisión pública debería tratarlo como un coste asumible.
