Una treintena de familiares y amigos se concentraban a la puerta del Juzgado de Menores desde las nueve de la mañana al grito de "asesino". A medida que pasaban las horas, eran cada vez más personas las que se unían a un movimiento que llegó hasta algo más del centenar de asistentes para pedir condenas más duras en la Ley de Menor.

El juicio se desarrollará durante la mañana de este jueves y en principio el juez tiene un plazo de cinco días para hacer pública la sentencia. Posteriormente, las partes podrán apelar si lo estiman oportuno ante la Audiencia Provincial. Al tratarse de un menor, si finalmente recibe una pena de reclusión la cumplirá en un centro de menores hasta que cumpla 18 años, momento en el que el juez decidirá si debe ingresar en prisión o seguir en el centro de menores. El joven se enfrenta a 8 años de internamiento y 5 años de libertad vigilada.

El fiscal solicita para el varón, de iniciales D.R.A., una pena de ocho años de prisión.

La juez ha decidido incluir un nuevo delito, el de concertar una cita con una menor mediante las redes sociales para mantener relaciones sexuales.

La juez acuerda mantener su situación de libertad con las medidas cautelares que les fueron impuestas. El juzgado forma pieza separada sobre responsabilidad pecuniaria requiriéndoles fianza solidaria de 52.000 euros.

Así se lo notificaba este lunes el juzgado número 5 de Valladolid a la Federación de Castilla y León de Fútbol.

Así lo informaba pasadas las 19:00 el propio juzgado.El Juzgado ha procedido al archivo del procedimiento con inhibición al Juzgado de Menores de Zamora, lo que indicaría que el principal sospechoso podría pasa a ser un menor de edad.

Un día después de que la Audiencia Provincial de Burgos declarase la libertad bajo fianza de dos de los tres implicados en el ‘Caso Arandina’, entre ellos el zamorano Raúl Calvo, este miércoles la jueza decidía actuar de oficio y también dejar en libertad al tercer implicado.

Todos los Grupos Parlamentarios respaldan en la Comisión de Presidencia celebrada este pasado jueves la Proposición No de Ley respalda por los Procuradores del PSOE por Zamora José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez.

Finalmente, la Audiencia Provincial no ha estimado asesinato, sino homicidio imprudente. Se le suman cargos por siete robos además de otro delito de lesiones. La pena total supera los 30 años, aunque no podrá cumplirlos por una norma del Código Penal que lo impide.

Critica que las nuevas medidas tomadas provocarán que se sobrepasen más las cargas de "trabajo asumibles de los Juzgados de Primera Instancia y no habrá servido para la nada la especialización de órganos judiciales, mientras que el Gobierno sigue negándose a tomar medidas para obligar a los bancos a devolver las cantidades cobradas ilegalmente sin que para ello sean necesarias actuaciones judiciales".

En el Boletín Oficial del Estado de fecha 30 de diciembre de 2017, se publica el acuerdo de 28 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial para que de manera exclusiva y excluyente, conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Lo ha hecho el juzgado de lo Social número 1 de Palencia. "Es muy positivo que la justicia se atreva a dar este tipo de pasos”, aseguran desde ANPE.

Según informaban este martes varios medios locales, entre ellosRadio Aranda y Radio Televisión de Castilla y León, la policía ha comenzado las investigaciones en el domicilio de los detenidos. 

Es la cuarta provincia de la región que menos denuncias recibió por detrás de Soria, Ávila y Segovia. Madrid, Barcelona y Sevilla son las ciudades con más casos. Las quejas de los trabajadores en Zamora por la falta de medios se han sucedido desde su creación.

El sindicato Comisiones Obreras se queja de los continuos fallos del sistema y pide responsabilidades. "Solo el esfuerzo, compromiso y responsabilidad del conjunto de los trabajadores de la Administración de Justicia, está permitiendo un mínimo funcionamiento para poder prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. Sin medios materiales y tecnológicos adecuados no es posible una Justicia digital".