El sindicato considera imprescindible y urgente un plan de choque para poner al día 300 juzgados actualmente colapsados y la creación de 400 nuevos órganos judiciales, además del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno saliente.

Así, da la razón al sindicato Comisiones Obreras, que asegura que gracias a sus actuaciones jurídicas, “el cobro del verano del profesorado interino está cada vez más cerca”.

La Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León organiza la presentación del libro “CCOO paso a paso”, escrito por Juan Moreno y Antonio Baylos, que tendrá lugar el día 29 de mayo, a las 19.30 horas, en la sede de CCOO en Zamora.

Además, anunciaban que de no ser así, las movilizaciones nacionales podrían tornarse en Huelga General "en septiembre u octubre". 

Tiene lugar a las 12 horas frente a la Subdelegación del Gobierno. Piden la derogación de la Ley de Pensiones de 2013.

El sindicato encuestaba a cerca de 1.500 profesionales sanitarios y no sanitarios llegando a la conclusión  de que sus respuestas reflejan "una sobrecarga de trabajo muy por encima de sus posibilidades". 

El secretario provincial de Comisiones Obreras en Zamora, Manuel Prieto, atendía a los medios de comunicación antes de arrancar la marcha del Primero de Mayo. “Hoy es el día de empezar a pensar que podemos recuperar muchos de los derechos adquiridos con el tiempo y que se han perdido”, comentaba.

El sindicato amenaza con intensificar las movilizaciones debido al recorte que reflejan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 de 60 millones de euros, un tercio de la financiación para la prestación del servicio postal público que se suma a los 120 millones de euros en los PGE 2017, un total de 180 millones entre 2017 y 2018.

Un informe realizado por el sindicato muestra que en 2017 casi la mitad de las trabajadoras y trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje ocuparon puestos de camareros, dependientes de pequeño comercio, peones y limpiadores. En los últimos cinco años, las bonificaciones a estos contratos, con tasas de inserción que rondan el 3%, han supuesto un gasto de 1.893 millones de euros. Para la secretaria de Empleo y cualificación profesional de CCOO, Lola Santillana, “esto es un claro ejemplo de la financiación pública de la precariedad laboral”.

Afirman que ya existe un periodo de prácticas y proponen ajustarse a un modelo basado en las capacidades didácticas y pedagógicas, en las que deben incluirse el trabajo en equipo, la empatía con el alumnado, la organización del aula, la planificación y la aplicación de buenas prácticas.

El sindicato mayoritario en Correos llama la atención sobre la extrema situación de riesgo en la que se encuentra la empresa pública y el servicio postal público prestado a los ciudadanos tras recibir en 2017, 52 millones de euros de los 180 que venía recibiendo en años anteriores, un recorte de más de dos tercios respecto a ejercicios presupuestarios anteriores.

Critica que las nuevas medidas tomadas provocarán que se sobrepasen más las cargas de "trabajo asumibles de los Juzgados de Primera Instancia y no habrá servido para la nada la especialización de órganos judiciales, mientras que el Gobierno sigue negándose a tomar medidas para obligar a los bancos a devolver las cantidades cobradas ilegalmente sin que para ello sean necesarias actuaciones judiciales".

Comisiones Obreras refleja su balance de 2017 que deja un año en el que la "perseverancia del Gobierno en la continuidad de sus políticas y reformas, deja a muchas familias de Zamora, cuando menos, en situación similar a la de años anteriores".

Defienden su necesidad, especialmente ante la despoblación y envejecimiento de Castilla y León, y recuerdan en las precarias situaciones que deben vivir, por lo que proponen una serie de puntos para facilitar la convivencia.

Reclaman que se retome la negociación colectiva y solicitan una subida de los salarios en las Administraciones Públicas como Sanidad o Educación.

El sindicato presenta su campaña en defensa de los derechos laborales, el empleo y el poder adquisitivo de los funcionarios bajo el lema '¡Vamos a recuperar lo arrebatado!'.

El sindicato denuncia que ambas empresas tienen plantillas envejecidas y tan reducidas que “rozan niveles insostenibles, por lo que se resiente el servicio y la propia seguridad de los trenes”.