COAG exige a la Consejería una mejor información para mejorar la claridad y transparencia

La formación considera que con el pago de los intereses legales se pone fin a los contenciosos de la ayuda de 3€/TM de remolacha de la campaña 2010/2011.

 Upa coag
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Con la firma de la reciente “Resolución de 25 de julio de 2019 por parte de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria” se resuelve reconocer el derecho al pago de los intereses legales a favor de los interesados, inicialmente 4.861 beneficiarios, en la ayuda de tres euros por tonelada de remolacha de la campaña agrícola 2010-2011, y se autoriza y compromete el gasto correspondiente a dicho pago por importe global de 1.542.660,73 euros.

A este respecto, y en primer lugar, COAG-Castilla y León exige unas mejores prácticas informativas en aras de una mayor claridad y transparencia para con los afectados. El grupo aclara que, de hecho, no se les ha comunicado, a pesar de ser entidad colaboradora, la firma de la resolución de 25 de julio.

En este sentido, COAG-Castilla y León pone en conocimiento de los remolacheros que solicitaron la ayuda de los 3 €/Tm de remolacha en la campaña de la PAC de 2011 que ya pueden cotejar si se encuentran entre los beneficiarios de este primer pago, así como el importe que les ha sido asignado, o bien si se encuentran entre los alrededor de 627 remolacheros a los que la Resolución no reconoce el derecho a pago, en la siguiente dirección: https://pac.jcyl.es/web/jcyl/PAC/es/Plantilla100/1284866680634/_/_/_. Para ello basta con realizar la consulta mediante el DNI o NIF en el anexo correspondiente.

COAG-Castilla y León afirma que resultaría totalmente injusto no reconocer que ha sido transcendental su labor en los diferentes tribunales y a través de la negociación lo que ha propiciado que la Junta haya pagado tanto la ayuda de los 3 €/Tm como, en estos momentos, los intereses derivados de la demora en dicho pago. En este sentido, COAG recuerda que cabe tener presente la sentencia de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019 declarando terminado, por desistimiento de la Junta de Castilla y León, el recurso de casación 3035/2016 interpuesto por la Administración Autonómica contra la sentencia ganada por la Alianza UPA-COAG ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Dicho desistimiento fue posible gracias a las negociaciones de La Alianza UPA-COAG con la entonces consejera de Agricultura, Milagros Marcos, que desembocaron en el Acuerdo de la alianza UPA-COAG del pasado mes de febrero por el que la Consejería de allanaba en sus pretensiones permitiendo los pagos de los 3 €/Tm y su agilización. Además, reseñar el auto de aclaración de 16 de septiembre de 2016 de la sentencia 1153/2016 ganada por La Alianza UPA-COAG en el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que detalla que las ayudas deben ser abonadas con los intereses legales correspondientes.

COAG señala que es un hecho a destacar que a diferencia con los procedimientos judiciales llevados a cabo en el entorno de las otras Organizaciones Profesionales Agrarias, y que han supuesto notables costes individuales para los remolacheros recurrentes, el avalado por la Alianza UPA-COAG, al tratarse de una demanda colectiva, ha sido totalmente gratuito para los remolacheros y la sentencia ganada ha conllevado que la Junta haya tenido que afrontar el pago de los 3 €/Tm y sus intereses correspondientes para todos los remolacheros de Castilla y León sin excepción.

Por último, desde COAG-Castilla y León urgen a la inmediata resolución de las casuísticas individuales que han motivado que aproximadamente 627 remolacheros aún no hayan cobrado ni los 3 €/Tm ni sus intereses correspondientes. Conviene recordar que, de los alrededor de 5.488 remolacheros que solicitaron la ayuda de los 3 €/Tm en el transcurso de la solicitud de la PAC de 2011, 4.861 beneficiarios han cobrado ya los 3€/Tm y dentro del procedimiento de pago actual están cobrando actualmente los intereses legales correspondientes. Sin embargo, y motivado principalmente por el paso de los más de ocho años transcurridos desde entonces, los 627 restantes acumulan una serie de casuísticas individuales que han ocasionado que aún no hayan entrado en dichos pagos.

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