martes. 18.02.2020 |
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UPA COAG hace su particular balance agrario de 2019

UPA COAG hace su particular balance agrario de 2019
UPA COAG hace su particular balance agrario de 2019

La Alianza UPA COAG reivindica el papel fundamental que desempeñan los agricultores y ganaderos contra la crisis climática y contra el despoblamiento rural. Como aspecto positivo, el trabajo realizado por la Alianza UPA-COAG en los tribunales ha dado sus frutos y los remolacheros han cobrado este año las ayudas de 3 euros por tonelada que la Consejería les quitó en 2011.

2019 ha sido un año en el que la agricultura y la ganadería han sido especialmente criticadas por parte de determinadas asociaciones, colectivos, instituciones y también políticos, con argumentos simplistas y carentes de razón, responsabilizándolas de un sinfín de males, incluido el cambio climático. Frente a estas infundadas críticas, desde la Alianza UPA-COAG reivindicamos el papel fundamental que desempeñamos los agricultores y ganaderos en la lucha contra la crisis climática y contra el despoblamiento rural.

Tampoco hemos abandonado en 2019 la reivindicación de precios justos para los productos agrarios, porque con unos altísimos costes de producción y un mercado desregulado que se inunda con producciones de terceros países que no utilizan los exigentes estándares productivos con los que trabajamos aquí, las explotaciones no alcanzan niveles de rentabilidad suficientemente remuneradores, lo que provoca el cierre y la falta de incentivo para que los jóvenes se incorporen a la actividad.

Un año con una sequía muy dura que ha afectado a todo el territorio regional, y más severamente a la zona sur de la Comunidad como en nuestra provincia de Zamora, dejando una producción inferior a la media de los últimos 25 años en nuestra comunidad autónoma, sin que esto se haya traducido en buenos precios para los agricultores, que ha reducido la renta agraria y que ha provocado un importante aumento de costes en la alimentación del ganado.

Ha sido un año marcado por la ruptura unilateral del AMI por parte de Azucarera, lo que ha obligado a COAG y UPA a emprender medidas legales acudiendo a la Corte de Arbitraje para que sea este órgano de mediación en conflictos el que obligue a esta empresa de origen británico a cumplir los acuerdos firmados en el año 2014.

También en el año 2019 el trabajo realizado por la Alianza UPA-COAG en los tribunales ha dado sus frutos y los remolacheros han cobrado las ayudas de 3 euros por tonelada que la Consejería les quitó en 2011.

Ha sido un año en el que han vuelto a quedar demostradas las conductas ilícitas de las industrias lácteas contra los ganaderos, con una sanción muy importante contra nueve empresas por parte de las autoridades competentes (CNMC).

Ha sido un año donde se ha intensificado el daño provocado por la fauna salvaje tanto al sector ganadero como agrícola. Los datos oficiales del 2019 apuntan que los ataques de lobos han disminuido respecto al 2018 pero la realidad apunta a que los ganaderos extensivos han visto incrementados los daños un año más, lo que demuestra la expansión descontrolada de la especie. Los daños de jabalís, buitres, ciervos, corzos y otras especies crecen.

Y ha sido también un año más en el que los datos poblacionales, de activos agrarios y de otros parámetros sociales vuelve a demostrar la inacción de las administraciones para atajar el despoblamiento rural. La Alianza UPA-COAG ha vuelto a reivindicar en las mesas de negociación y en la calle la necesidad de poner en marcha verdaderas políticas sociales en el medio rural (sanidad, educación, pensiones, dependencia, telecomunicaciones, infraestructuras, etc.)

“CRIMINALIZACIÓN” DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA

El sector agrícola y el ganadero, además de sufrir la dura sequía, se ha visto obligado a defenderse por el posicionamiento irresponsable de una parte de la sociedad, sobre todo de determinados colectivos animalistas, ecologistas ultras y radicales, asociaciones y plataformas de todo tipo, instituciones e incluso responsables políticos, que se han ocupado de lanzar ataques furibundos contra todo lo que representa el sector agrario. Se ha hecho una campaña muy dura contra los profesionales del sector y por lo tanto contra valores innatos a la actividad agraria como son la conservación de los recursos naturales, desarrollo sostenible, gestión de agua, protección de montes y zonas de montaña, prevención de incendios forestales, freno a la desertización y generador de empleo en el medio rural, y lo más importante, suministrador de alimentos para la sociedad.

La Alianza UPA-COAG considera una autentica aberración escuchar argumentos como que las vacas son más culpables del cambio climático que los aviones o las industrias, ante lo cual denunciamos el interés manipulador que hay detrás de falacias de este tamaño. En este contexto, hemos sido un altavoz social para reivindicar la dignidad del trabajo de agricultores y ganaderos, y para seguir en la lucha por la defensa de un futuro mejor, sin discriminaciones ni falsas imágenes distorsionadas de la realidad.

En España, al sector agrario y ganadero nos han asignado el 12 por ciento de las emisiones, y éstas se reparten al 50% entre la ganadería y la agricultura. Se nos considera el segundo sector en emisiones, por detrás del transporte, pero nada se habla de nuestra contribución en la absorción de gases de efecto invernadero. Las plantas y árboles que cultivamos y gestionamos los agricultores convierten el CO2 en energía a través de la fotosíntesis. La ganadería extensiva previene incendios y evita más emisiones de CO2. Si se tuviera en cuenta lo que emitimos y lo que absorbemos, veríamos que el sector agrario es uno de los que menos contribuye al calentamiento global.

SIN PRECIOS JUSTOS, LOS PROFESIONALES DESAPARECEN


La demanda de precios justos para los productos agrícolas y ganaderos ha seguido siendo una reivindicación diaria de la Alianza COAG-UPA, considerándola justa, necesaria y compartida por los consumidores. Consideramos que unos precios justos en origen no tienen por qué significar un incremento de los precios en destino. La PAC no debe ignorar este problema y tiene que poner todo de su parte para solucionarlo.

Según los datos publicados por Eurostat, en 2019 la renta agraria se ha desplomado un 8,6% en España por la caída de valor de la producción (- 3%) y el aumento de los costes de producción (+ 3,6%). Estas cifras reflejan la presión a la que están sometidos los profesionales agrarios por ambos lados de la cadena. Por un lado, vía costes: los fabricantes de insumos (fitosanitarios, fertilizantes, semillas, energía, etc.) tienden a agruparse creando monopolios. Por el otro extremo, una distribución fuertemente concentrada. La cadena agroalimentaria sigue absolutamente desequilibrada y el valor que genera no llega a los agricultores. El elevado poder de mercado de ambos extremos deja muy claro quién impone los costes y precios, situando a las pequeñas y medianas explotaciones por debajo del umbral de rentabilidad.

Al mismo tiempo, este proceso de concentración también se está dando en la producción. El último informe sobre la Caracterización del sector agrario en el Estado español, publicado recientemente por el MAPA, es más que ilustrativo. En España hay 1 millón de explotaciones agrarias. El 93,4% con titular físico y el 6,6% empresas. Ese 6,6% de las explotaciones, que son personas jurídicas, obtienen ya el 42% del valor de la producción. Todo ello amplificado con el aterrizaje de los fondos de inversión y las grandes multinacionales agroalimentarias. En este contexto, el modelo profesional de explotación familiar desaparece, con una caída constante de los activos agrarios por cuenta propia y autónomos:

ACUERDOS COMERCIALES. GUERRA ARANCELARIA

Además, nos hemos visto inmersos en conflictos geopolíticos, económicos y acuerdos comerciales (Brexit, aranceles Trump, veto ruso, etc.) que utilizan al sector agrario como moneda de cambio y arma arrojadiza entre estados, causando alarma y perjuicios por los graves daños que provocan al mercado de productos agrícolas y ganaderos de Castilla y León.

El pleno desarrollo de acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países (Mercosur, los próximos con Australia y Nueva Zelanda, etc.), las importaciones masivas sin control de estándares de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y condiciones laborales y sociales, la salvaje política arancelaria de la administración Trump, el desmantelamiento de los sistemas de regulación de mercados y del principio básico de preferencia comunitaria en el seno de la UE, son graves amenazas que se ciernen sobre el sector.

Por otro lado, desde la Alianza UPA-COAG hemos vuelto a reclamar ante la Consejería de Agricultura a lo largo de este año 2019 que la nueva y futura PAC tenga entre sus objetivos prioritarios el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, definiendo claramente las prácticas desleales y reforzando el peso de la agricultura y ganadería familiar.

LA SEQUÍA VUELVE A LASTRAR LA COSECHA CEREALISTA

El año 2019 ha venido marcado por una grave sequía que ha afectado especialmente a nuestra provincia de Zamora, con una disminución en producción en los cereales de invierno de más de 60.000 Tm. con respecto a la media de las 5 últimas campañas, lo que ha supuesto una pérdida de ingresos en el campo zamorano de aproximadamente 10 MM de €. En Castilla y León, la campaña 2018/2019 ha sido muy inferior en producción respecto a la media de 6,5 millones de toneladas de los últimos 25 años en nuestra comunidad autónoma.

El sector ganadero también se ha visto afectado por la sequía, con problemas de abastecimiento de agua en las ganaderías extensivas, pérdidas en pastos, y un aumento del precio de los piensos y forrajes, soportando un incremento de los costes de producción.

Ante esta situación de sequía, la Alianza UPA-COAG ha realizado una importante labor reivindicativa para tratar de paliar sus efectos. Solicitamos y conseguimos de las distintas administraciones actuaciones como el adelanto del pago de la PAC, la puesta en marcha de los préstamos de la sequía, las ayudas para la adquisición de equipos o construcción de puntos de abastecimiento de agua, y los permisos especiales para acceso al agua a la ganadería extensiva.

DAÑOS DE LA FAUNA SALVAJE. ANULACIÓN PLAN DEL LOBO. Y DE LA CAZA


En un contexto de enorme incremento de ataques de lobos en Castilla y León, y con estudios científicos que avalan que en nuestra región hay más de 1.900 lobos, iniciamos el 2019 conociendo que el Tribunal Supremo anulaba definitivamente el Plan de gestión del Lobo. Posteriormente, un nuevo varapalo judicial prohibía la práctica de la caza en nuestra CC.AA.

La proliferación descontrolada de animales es muy lesiva y está provocando actualmente problemas muy serios a los agricultores y ganaderos en forma de destrozo de cultivos, muertes de ganado o transmisión de enfermedades, pero incluso está generando alarma entre la ciudadanía en su conjunto, debido a que cada vez la fauna provoca más accidentes de tráfico y daños en infraestructuras básicas.

Nuestra Organización ha sido particularmente activa en la denuncia de esta situación, y es constante su reivindicación de medidas para recuperar las herramientas políticas y legales que permitan controlar las poblaciones de fauna silvestre en unos niveles que la hagan compatible con las actividades agrícolas y ganaderas, frente a los que quieren “convertir el campo en selva”.

TOPILLOS

Este año hemos vivido un nuevo episodio, aún no superado, de aumento de la población de topillos en determinadas zonas de la Comunidad Autónoma, y muy especialmente en las comarcas del centro de la CC.AA., que ya en ocasiones anteriores se constituyó en principal foco de dispersión de la plaga.

Cabe recordar que un desmesurado aumento de la población, cuando no surten efecto las medidas de prevención y control de la misma, puede acarrear no sólo considerables pérdidas en las producciones agrícolas sino que también puede conllevar riesgos sanitarios tanto directos como indirectos, como la contaminación de las aguas superficiales o la propagación de enfermedades como la tularemia. Las medidas puestas en marcha por distintas administraciones, coordinadas por la Consejería de Agricultura, si bien son positivas, están teniendo un efecto discreto, por lo que aún no podemos dar la plaga por controlada.

REMOLACHA: ARBITRAJE ANTE EMPECINAMIENTO DE AZUCARERA. CRECIMIENTO DE ACOR

Azucarera se empecinó en su nuevo modelo de contratación con los agricultores de Castilla y León imponiendo una bajada en el precio de la remolacha, dinamitando unilateralmente de esta manera el Acuerdo Marco Interprofesional vigente, un sistema que había sido un referente como modelo de organización de un sector productivo. La Alianza UPA-COAG ha sido la primera organización en llevar ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid a la multinacional azucarera. Será este Arbitraje quien dictamine si finalmente el proceder de Azucarera es o no conforme a la normativa.

Y como ya vaticinamos en su día desde UPA-COAG, la bajada de aproximadamente 6,5 €/tn en el precio de la remolacha ha supuesto que en Zamora se haya disminuido la siembra en casi 400 ha en nuestra provincia, un 17% de reducción. La Azucarera ha visto mermadas sus siembras en Z6.700 hectáreas en Castilla y León en 2019 (un 48% menos). Por el contrario, la Cooperativa ACOR, que sí ha mantenido su compromiso de pagar 42 €/tn, ha aumentado en más de 3.700 hectáreas su siembra (un 36%). Aumento que pudiera haber sido incluso superior de no haber actuado como freno las propias limitaciones técnicas -distancias de entregas a fábrica y limitaciones fabriles de Olmedo-.

La multinacional británica deja bien a las claras su nulo interés en mantener la fructífera relación de acuerdos que a lo largo de 30 años ha garantizado estabilidad al sector mediante Acuerdos Marco Interprofesionales, y lo que es peor, que pone en peligro el presente y futuro de las fábricas remolacheras asentadas en nuestro país, de los propios productores, y de los numerosos puestos de trabajos directos e indirectos vinculados. Desinterés de nuevo patente en el hecho de que Azucarera viene haciendo oídos sordos a las constantes peticiones de las organizaciones agrarias para dar comienzo a las negociaciones de un nuevo AMI, que debería comenzar ya para las siembras de 2020.

En el aspecto positivo, los remolacheros de Castilla y León han visto como durante el presente año se ha materializado la sentencia que la Alianza UPA-COAG ganó en el Tribunal Superior de Justicia en 2016, y ya tienen ingresada en sus cuentas la subvención de 3 euros por tonelada que la Consejería les quitó en 2011. La sentencia del TSJ obligaba a pagar la ayuda a todos los cultivadores de Castilla y León, incluidos los que no fueron al Juzgado, haciéndose efectivo este pago en 2019 a 5.500 perceptores; el resultado es una media exacta de 1.818 euros por agricultor.

VACUNO DE LECHE: CONTINUISMO NEGATIVO. MULTA AL “CÁRTEL”


El adjetivo más a medida para definir el año en vacuno de leche sería “continuista”. Continuista en el incesante cierre de explotaciones, en la falta de un precio justo que permita una rentabilidad al sector, en la falta de medidas verdaderamente eficaces que apoyen al sector en un año de dura sequía y, sobre todo, en la nula puesta en valor de un alimento tan valioso y necesario como es la leche.

Por otro lado, cabe destacar la presión que se está vertiendo sobre el sector ganadero como supuesto gran culpable de la emisión de CO2, cuando los productores estamos reutilizando nuestros residuos como fertilizantes contribuyendo a un menor uso de abonos químicos.

A pesar de todo, en Castilla y León seguimos produciendo un alimento único pero no adecuadamente valorado. De hecho, a mediados de año nos vimos obligados a denunciar, por enésima vez, el uso de la leche como producto reclamo, en este caso mediante la venta en los lineales de la gran distribución de leche a 0,25 €/litro.

Y por si lo anterior no fuera suficiente, el año 2019 finaliza con la demostración, una vez más, de las conductas ilícitas cometidas por las industrias lácteas contra los ganaderos de vacuno de leche, tal y como recoge la sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) contra ellas con una multa de 80 millones de euros, hecha pública en julio, por ejecutar una estrategia común para bajar los precios, manipular el mercado y restringir las libertades de los ganaderos. Estamos ante una prueba más de la táctica empresarial de desmantelar un sector que era puntero no hace muchos años en Castilla y León.

LA CRISIS NO QUIERE IRSE DEL SECTOR OVINO-CAPRINO

Una campaña más la crisis parece no querer abandonar el sector ovino-caprino y sigue “dando sus frutos”, que en esta ocasión se traduce no sólo en pérdida de ganaderos con la consiguiente disminución de entregas, sino también en un menor volumen de leche entregada (un 2% menos). Ante ello la industria parece reaccionar por temor de su negocio que, por falta de ganaderos, se les pueda acabar, tirando hacia arriba ligeramente de los precios, y quizá con algún viso de que la tendencia se mantenga a corto plazo, con ligeros ajustes.

El mes de septiembre refleja un aumento del precio en la leche de ovino, que repunta a 0,91 €/litro según el FEGA, eso sí, agudizando el paulatino sacrificio de ganaderos, registrándose una caída del 6% en el período septiembre 2019- septiembre 2020 (124 ganaderos menos), al punto de que ya apenas quedan 2.018 productores en Castilla y León dedicados a esta actividad.

Resulta llamativo que el queso mantenga su precio, induciéndonos a pensar que si no se pagaba más al ganadero por la leche no era porque no hubiera margen para ello, sino porque sencillamente ese margen se destinaba a engrosar los resultados de la industria.

En carne, sigue inalterable la continuidad de bajos precios y en cuanto se produce algún tipo de repunte, como pueda ser en el período septiembre-octubre o en Navidad, la gran distribución inunda el mercado de cordero extranjero, principalmente francés e italiano.

La dinámica de precios actuales no llega para resarcir los elevados costes de producción que tienen que asumir los productores y las fortísimas inversiones realizadas en sus explotaciones pendientes de amortizar. El daño ya está hecho: en este sector el relevo generacional es prácticamente nulo.

MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

Por lo que respecta a la sanidad animal, el año 2019 en Castilla y León ha supuesto resultados óptimos gracias a la buena evolución en lo referente a su estado sanitario. El índice de prevalencia de la tuberculosis bovina ha sido del 1,43%. El 85,25% de los cebaderos de CyL han sido calificados, lo que permite la libre exportación sin la necesidad de realizar pruebas previas. La prevalencia de tuberculosis caprina ha sido del 0,72%. La prevalencia de brucelosis bovina ha sido del 0%, manteniendo la declaración de libre de brucelosis ovina y caprina. La evolución también ha sido positiva en materia de `lengua azul´, habiéndose reducido considerablemente las zonas de vacunación obligatoria.

UNA ACEPTABLE CAMPAÑA DE PATATA

La campaña anual de patata puede calificarse de aceptable, puesto que si bien en las últimas semanas se han estado registrando precios inferiores a los que se pagaron con el inicio de la recolección, como promedio la producción y el precio han sido superiores a un año medio.

La patata lavada comenzó con 0,30 €/tn para descender en los últimos compases al entorno de los 0,25 €/tn. Mientras que las de no lavado comenzaron con 0,25 €/tn y los han visto descender hasta los 0,15 €/tn.

Y un año más, lamentablemente, sigue sin constituirse la Interprofesional…

DIFÍCIL COMERCIALIZACIÓN DE LA MIEL Y EL POLEN

El sector apícola atraviesa su tercera campaña consecutiva acumulando pérdidas. En el 2019 se ha visto afectado fundamentalmente por un bloqueo en el mercado del polen, que si bien ha registrado una cosecha buena en producción, sin embargo, no encuentra salida al mercado y sigue acumulando stocks. Algo similar sucede con la miel, que a la baja producción, con una merma que ronda el 50%, une la percepción de unos precios que se desploman muy por debajo de costes de producción, y que está viendo dificultada su comercialización y está obligando a los apicultores a abordar la venta directa, eso sí, de cantidades limitadas.

En el aspecto sanitario, es de destacar el alto porcentaje de parasitación de varroa durante toda la campaña. La presencia de mucha cría de abeja este año por la abundancia de polen, sumada a la falta de eficacia de los medicamentos, va a ocasionar una tasa de mortalidad elevada, lo que también se traducirá en perjuicios económicos.

Por último, la decisión del Ministerio de Agricultura de dar marcha atrás con la normativa referente al etiquetado de la miel, de un lado, y de otro, acuerdos comerciales como los del MERCOSUR, están llevando al sector apícola profesional a su desaparición.

DESPOBLAMIENTO RURAL

La Alianza UPA-COAG denuncia que nuestra comunidad autónoma un año más ha sufrido los efectos del despoblamiento del medio rural hasta el punto de que ya hay zonas de nuestra comunidad autónoma que puedan ser consideradas como desierto demográfico, ya que su densidad de población es inferior a 8 habitantes por km2.

Castilla y León ha sido sin duda una de las regiones que en el último año más población ha perdido en el conjunto de España. El número de habitantes ha descendido en todas las provincias castellanoleonesas, y la Alianza UPA-COAG ha vuelto a exigir un Plan de medidas que pare este éxodo de población que afecta sobre todo al medio rural. Peticiones que cobran más sentido ante declaraciones y decisiones políticas que ponen en riesgo el mantenimiento de los servicios básicos en el medio rural, como los consultorios médicos, etc.

En este año 2019 nuestra organización ha vuelto, no solo a reclamar, sino también a proponer a representantes políticos, empresariales y sociales actuaciones concretas para valor en su justa medida la labor que desempeñan los agricultores y ganaderos en la sociedad hoy en día, y el peligro que ésta corre si no se actúa por defender un modelo social agrario, sostenible y determinante para la conservación de los recursos naturales.

También la Alianza UPA-COAG ha mostrado su compromiso con el movimiento de “La España vaciada”, apoyando activamente las movilizaciones que ésta ha convocado en marzo y octubre de este año reclamando un pacto de Estado que ponga fin al desequilibrio territorial y a la desigualdad de oportunidades entre ciudadanos del medio rural y el medio urbano.

ELECCIONES. UN NUEVO EQUIPO EN LA CONSEJERÍA

Por último, tenemos que referirnos a 2019 como un “año en blanco” desde el punto de vista de la acción de las administraciones en el sector. La situación política, marcada por las elecciones a todos los niveles –europeas, nacionales, autonómicas y locales-, ha provocado una provisionalidad y vacío a la hora de afrontar determinadas cuestiones, por lo que poco o nada se ha avanzado en los grandes retos que tenemos por delante.

En cualquier caso, desde el verano tenemos una nueva Junta y un nuevo equipo directivo en la Consejería, ahora denominada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Alianza UPA-COAG mostró su disposición para trabajar conjuntamente por el sector agrario y el medio rural de Castilla y León. Eso sí, este ofrecimiento no irá en menoscabo de la presión que tengamos que hacer en defensa del modelo social y profesional de los agricultores y ganaderos a título principal de nuestra comunidad.

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