La Alianza UPA-COAG ha presentado a la Consejería de Agricultura y Ganadería un documento con alegaciones al proyecto de orden que establece las normas de condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios de ayudas PAC de Castilla y León en relación a la nueva normativa ministerial sobre la prohibición de aplicar purines y estiércoles en las superficies agrícolas.
En este sentido, la Alianza UPA-COAG ha solicitado “el establecimiento de una moratoria no de 1 año sino de 5 (entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2023) de la prohibición de la aplicación de purines sobre superficies agrarias mediante sistemas de plato, abanico o cañón, y ello siempre y cuando se haya establecido previamente un Plan de apoyo. De no existir dicho Plan no debería entrar en vigor la nueva normativa”.
El Plan de apoyo que solicitamos debe permitir la adquisición de nuevos equipos y adaptación de los actuales a las nuevas exigencias, y debe ser lo suficientemente ambicioso como para no dejar fuera a ningún ATP (o entidades asociativas asimilables) por motivos presupuestarios, puesto que las inversiones que habría que realizar serían inasumibles por los agricultores y ganaderos, afirman.
En relación a los sistemas de aplicación de los purines en el caso de los “sistemas que no permitan la aplicación localizada en superficie” que recoge la norma, la Alianza UPA-COAG ha trasladado al Gobierno regional la necesidad de que se defina una altura máxima en estos sistemas, además de que se apliquen excepciones en la prohibición en el caso del sistema de plato invertido.
Además, desde la Alianza UPA-COAG han reclamado el establecimiento de varios plazos máximos para el enterrado de estiércoles sólidos en función de la época del año, sin que ninguno de ellos sea inferior a 15 días.
Así pues, la organización agraria ha trasladado una serie de observaciones que estiman deben ser atendidas por parte de la Administración regional, para lo cual la Junta de Castilla y León debe ser consciente del problema que les genera a los profesionales del sector esta nueva normativa tan restrictiva y dañina para sus intereses profesionales.
Aseguran que debe tenerse en cuenta, como añadido, que si otros territorios nacionales son más permisivos, puesto que el Real Decreto establece que las comunidades autónomas pueden establecer excepciones, los agricultores y ganaderos de Castilla y León estarían en desventaja al no poder ser tan competitivos, no sólo respecto de ellos sino también respecto de los de otros países europeos.
