“Siempre he admitido y respetado las críticas, pero lo que no puedo admitir es que alguien diga que el subdelegado del Gobierno trata a los agricultores como delincuentes porque son declaraciones totalmente falsas”
Con estas palabras se defendía el subdelegado del Gobierno en Zamora tras las acusaciones vertidas tanto por la Alianza Upa-Coag como otras denominaciones de origen de la provincia ante el alto control de las inspecciones de trabajo en esta temporada de vendimia.
"Nada tenemos en contra de que controlen si tenemos en regla a nuestros empleados, pero una cosa es eso y otra este acoso desmesurado, porque los propios inspectores de trabajo nos exigen papeles del tractor. De hecho, un viticultor se negó a dárselos y los inspectores tuvieron que llamar a la Guardia Civil”, explica Pablo Domínguez, viticultor de Morales, en el comunicado remitido por la Alianza UPA-COAG el pasado martes.
El subdelegado del Gobierno de Zamora ha dejado claro que este tipo de inspecciones son marcadas por parte de la Europol sobre la Unión Europea ante las irregularidades en el trabajo y que se informó en tiempo y forma sobre cómo se iban a llevar a cabo estas tareas durante este 2022 con dos jornadas. "Las actuaciones conjuntan tiene como objeto prevenir la explotación laboral, la trata de seres humanos y se han hecho con la mayor discreción y respeto a los empresarios", ha asegurado el propio Blanco.
“Tenemos que decir que un ejemplo, fruto de este trabajo, ocurrió en 2022 cuando se desarticuló una organización dedicada al tráfico de personas”, apoyando así la “necesidad” de este tipo de controles.
Asimismo, Blanco ha querido destacar la “gran labor” de los funcionarios de la Inspección de Trabajo, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No obstante, ante el “malestar” latente en este sentido, Blanco ha concretado una reunión con el alcalde de Morales de Toro, su pueblo natal, para abordar las reivindicaciones de quienes han mostrado su rechazo.
