Para analizar esta situación y tratar posibles soluciones, representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias y Ganaderas y de la Federación de Caza se reunieron, el pasado 16 de octubre, en la sede federativa.
Valoradas las circunstancias actuales y conocidos los argumentos y la estrategia administrativa/legal que para su solución ha iniciado y va a desarrollar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, queremos poner en conocimiento de la sociedad en general y sensibilizar a los poderes públicos sobre las gravísimas consecuencias que provoca esta situación, a través de este manifiesto:
1º. Se reconoce al lobo como una especie emblemática que hay que conservar como parte del patrimonio faunístico de la Comunidad y, por lo tanto, se defiende su caza reglada garantizando las densidades de población que los técnicos consideren óptima, como para el resto de las especies cinegéticas. Hasta la fecha así se ha hecho y las poblaciones están en expansión conforme al estudio realizado por técnicos independientes por encargo de la Junta de Castilla y León como base para su Plan Anual de Caza, con un equilibrio entre su aprovechamiento, la defensa de los intereses ganaderos y su conservación.
2º. Se está instalando en la población rural, muy minoritaria frente a la población urbana, una conciencia colectiva referente a que las decisiones que afectan a sus aprovechamientos tradicionales, su medio de vida y su entorno, que han garantizado su conservación durante siglos, se están tomando desde posiciones políticas e ideológicas urbanitas influyentes que desconocen totalmente la realidad del medio rural.
3º. Consideramos que los tribunales están impidiendo la aplicación de normas basadas en estudios científicos independientes encargados por la Administración por esta influencia ideológico-política anticaza que está intoxicando la opinión pública, dando más credibilidad a los argumentos de parte que esgrimen las organizaciones ecologistas radicales, que recurren sistemáticamente cualquier normativa autonómica sobre agricultura, medio ambiente o caza.
El Tribunal Superior sustenta la medida cautelar de suspensión al considerar que la caza del lobo sería irreparable y que los posibles daños que este pueda causar no lo son porque no están acreditados, ni siquiera a la vista del informe pericial presentado por la Administración con los datos anuales de ataques e indemnizaciones, denegando así la exigencia de una garantía económica a los anticaza. Esta interpretación nos parece un despropósito y consideramos que incumple la ley, pero el tiempo de resolución de un recurso judicial al Tribunal Supremo lo hace inútil a efectos prácticos.
4º. Con el fin de que la representación política de Castilla y León escuche a los ganaderos, los cazadores y otros representantes del medio rural, y que estos se manifiesten públicamente en nuestro Parlamento sobre cómo entienden que se debe abordar la gestión del lobo y las consecuencias en todos los órdenes de su acción sobre la naturaleza y el patrimonio de las personas, se ha enviado un escrito a la Presidenta de las Cortes solicitando que articule el procedimiento que corresponda.
5º. Con independencia de posibles discrepancias sobre la mejor fórmula para una vuelta a la normalidad en la gestión del lobo, se reconoce desde la representación de los ganaderos y los cazadores que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente apuesta por el aprovechamiento cinegético del lobo porque es sensible a las graves consecuencias que va a tener la suspensión de la caza de la especie y busca procedimientos para su solución en su ámbito de competencia.
6º. Es necesario conocer que los ataques a la cabaña ganadera se estima que van a incrementarse en un 38% al norte del Duero, donde tradicionalmente se ha podido cazar el lobo, y en un 72% al sur, donde no es especie cinegética. La Junta ya ha argumentado y explicado a la opinión pública como intenta paliar estos daños al sur del Duero con medidas ya adoptadas en otros países de la Unión Europea.
