Fue el portavoz popular de Agricultura y Ganadería, Óscar Reguera, el encargado de defender la Proposición No de Ley de siete puntos, en la que además de los recursos de la PAC, se recoge establecer controles más rigurosos para los productos que entran en la Unión Europea de terceros países, mejorar la cadena alimentaria, desarrollar medidas fiscales, mejorar los seguros agrarios y revisar las tarifas agrarias de riego.
Reguera centró la protesta que vive el campo en la baja rentabilidad por los elevados costes y precios de hace 20 o 30 años y por una pérdida de consideración por determinados colectivos que “demonizan y criminalizan” al campo. “Los agricultores perciben una pinza entre el vicepresidente Iglesias y la vicepresidenta Ribera”, anotó.
El popular aseguró que la propuesta se ajusta al pacto de Comunidad de marzo de 2018 y consideró grave que se negocie en Europa «sin una posición común, sin estrategia, sin alianza y sin criterios por parte del Gobierno de España y sin expertos del Ministerio de Agricultura», por lo que añadió que de ello “no se puede esperar nada grato”, en lo que calificó de “pinza perversa” y “maléfica” entre ambos vicepresidentes al ministro Planas. “No están jugando las bazas bien en Europa”, resumió.
Los siete puntos, presentados también en Zamora este pasado jueves, son los siguientes:
1.Garantizar para España y para Castilla y León el mantenimiento de la cuantía actual de financiación de la PAC para el próximo periodo de aplicación 2021-2027.
2.Mejorar en la actual negociación de la PAC las medidas de mercado establecidas en la propuesta de reglamento de la Organización Común de Mercados de productos agrarios, que permitan prevenir y gestionar graves crisis de mercados mediante acciones a nivel europeo.
3.Introducir en los acuerdos comerciales internacionales que suscriba la Unión Europea un idéntico nivel de exigencia (sanitaria, medio ambiental, social, etc.) para los productos importados y para las producciones europeas, así como establecer controles más rigurosos de estos requisitos a la entrada en la UE de productos de terceros países.
4.Modificar la Ley 12/2013 de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, incluyendo en ella acciones que promuevan y velen por prácticas comerciales que posibiliten valor añadido en todas las fases de dicha cadena, haciéndola equilibrada y sostenible, eliminando toda práctica desleal. Todo ello prestando especial atención para no perjudicar a los agricultores y a los ganaderos, los más frágiles de la cadena alimentaria, por ser la base del sistema alimentario.
5.Desarrollar un conjunto de medidas tributarias y fiscales específicas para los agricultores y los ganaderos que alivien la carga soportada por el ejercicio de su actividad.
6.Mejorar el sistema de seguros agrarios, haciéndolo más atrayente para el agricultor y el ganadero, para conseguir extender el mismo a todas las producciones, territorios y productores.
7.Revisar el sistema de tarifas eléctricas en el riego de cultivos agrícolas, con objeto de evitar que los agricultores pagan durante todo el año cuando sólo utilizan esta energía unos meses durante el mismo, ajustando, por lo tanto, la tarifa al consumo real.
