Tras admitir que es la Junta de Castilla y León la que tiene la responsabilidad primera de que las explotaciones ganaderas no contravengan la normativa ambiental y en consecuencia no contaminen nuestras tierras, agua y aire, la Consejería reconoce que no existe en Castilla y León un cuerpo especializado de inspectores medioambientales, “pese a que otras comunidades autónomas sí cuentan con ellos y además están integrados en plataformas estatales y europeas”, explican desde la formación morada.
La Procuradora R. Tobal citó en su intervención el informe de evaluación del Plan de Inspección Medioambiental 2014/2016, donde se admite que los objetivos de inspección no se habían alcanzado, especialmente en lo referido a las inspecciones en instalaciones ganaderas. Dice el informe que los escasos recursos dedicados a tal fin por la Junta de Castilla y León concluyeron en una falta de control de las deyecciones animales y los consiguientes efectos nefastos para el medio ambiente y la salud de los pueblos de Castilla y León.
“Preocupante también la respuesta del Consejero por mezclar agentes medioambientales con inspectores, funcionarios con inspectores reales para con dicha labor”, que como indica la propia María José R. Tobal “la inspección ambiental es una cosa y la vigilancia otra, los agentes medioambientales y la guardia civil vigilan comportamientos anómalos o ilegales pero no pueden inspeccionar”. Y continúa, tras citar la base reguladora, indicando que sólo hay 23 funcionarios en toda Castilla y León que puedan ser inspectores reales según la normativa de aplicación, funcionarios que se dedican a la inspección a más de otros muchos asuntos.
El resultado de todo ello, según Toba, “ni un solo expediente sancionador abierto a ninguna explotación por uso o aplicación irregular de purines, lo cual no deja de ser extraño con tal avalancha de explotaciones Industriales de Porcino en Castilla y León. Y estamos hablando de casi 600 instalaciones ganaderas y creciendo”.
Concluye la Procuradora de Podemos por Zamora preguntando: “¿Qué grado de cumplimiento existe de la orden de medio ambiente por la que se establece el modelo “libro de registro” de la gestión de los purines? ¿Existe ese libro en cada provincia adecuadamente registrado? Pues ya le digo yo que no”, cerrando su intervención tildando la gestión de “catastrófica, como bien demuestras los datos”.
El Consejero en su réplica anuncia el aumento de número de agentes medioambientales en 29 plazas con la nueva RPT y prevé 178 inspecciones. “Recordarle, al Consejero, que la RPT que propuso la Junta en 2007 duplicaba la plantilla actual sumadas las próximas 29 plazas. Recordarle, que el marco de competencias que tiene que abarcar 10 años después ha crecido: residuos, contaminación atmosférica, suelos contaminados, autorizaciones ambientales, evaluaciones de impacto. De 2014 a 2016, cuatro inspecciones se realizaron en Zamora que contaba entonces con 34 granjas en régimen de Autorización Ambiental. Recordarle que sólo este año hay 120 granjas más de porcino en CyL. Fuera de esta inspección quedan las granjas de menos de 2000 cerdos de cebo, 750 cerdas reproductoras cuya primera inspección municipal corresponde a los Ayuntamientos, y que salvo raras excepciones no ejercen, lo que debiera motivar a la Junta a un control más serio. Hay datos que advierten que ya son 716 municipios con problemas de nitratos en los acuíferos”, agrega Tobal.
La formación morada, ante esto, obtiene como conclusión que “el completo sistema de inspección excelente que se atribuye la Junta de Castilla y León quedaría en simple desidia si no fuera por las nefastas consecuencias medioambientales que ya estamos padeciendo. A pesar de la capacidad y labor de técnicos y funcionarios, así es imposible que se alcancen los objetivos de salud ambiental. Creemos que debe saberse”.
