La organización profesional agraria Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) volverá a salir a la calle en 2022 para manifestarse ante los “problemas” que se esperan en el ámbito agrícola y ganadero en un año que se barrunta “intenso” tras un 2021 “bastante convulso” y que estuvo marcado, en el sector primario, por los “altísimos costes de producción”.
Así lo aseguró en las últimas horas, durante la rueda de prensa celebrada en la sede de la opa en Valladolid, el coordinador de UCCL en la Comunidad, Jesús Manuel González Palacín, que enmarcó las nuevas movilizaciones en la petición a las instituciones políticas para que tomen las “medidas necesarias” para mantener la actividad agraria, que gestiona “más del 80 por ciento del territorio”.
Entre dichas medidas enmarcó Palacín la necesidad de desarrollar la Ley de Cadena Alimentaria porque “ahora está lejos de que sirva para algo”. En ese sentido, UCCL pidió que se establezcan “precios oficiales que se reconozcan y sean referencia para marcar los precios de los contratos”, porque con la situación actual, que delega la responsabilidad de marcar dichos precios al agricultor y el ganadero, “es imposible vender por encima de los costes de producción” ya que “es imposible negociar con la industria y la distribución”, por lo que el ganadero del sector del vacuno de leche “se ve obligado a firmar la venga a 35 céntimos como si cubriera su coste de producción si quiere vender la leche”, cuando el gasto por litro se eleva a 40 céntimos.
Reclamó así Palacín un “gran acuerdo” liderado por el Gobierno de la nación, que comprometa a todos los eslabones de la cadena alimentaria, “para que se respete el precio y se cumpla la ley”, dado que esta, en la práctica, “no se está cumpliendo”, lo que está llevando a una situación “que no se puede aguantar más” a las vaquerías de Castilla y León, que acumulan pérdidas de entre 5.000 y 7.000 euros al mes.
También pidió el coordinador de UCCL que se defina la posición de dominio en la Ley de Cadena Alimentaria para que las grandes cadenas de distribución tengan “especial vigilancia” y se impida que “marquen la pauta a los demás, como se ve en el sector lácteo”, e igualmente que se establezca una vigilancia sobre los oligopolios en sectores como el de los fertilizantes, donde también se solicitó la eliminación de los aranceles que “bajaría el precio” de estos productos al entrar nuevos competidores.
Por último, entre los objetivos enmarcados por UCCL para el año que viene, González Palacín estableció la petición para el aumento de las masas de agua reguladas a través del nuevo Plan Hidrológico del Duero y la inversión para el incremento de infraestructuras, con el objetivo de “aumentar los regadíos de la Comunidad y garantizar los que ya tenemos”.
Balance de un 2021 “convulso”
En cuanto al año que finaliza, Palacín aseguró que el campo de Castilla y León ha vivido un año “bastante convulso” al estar “marcado por los altísimos costes de producción”, principalmente en relación a fertilizantes, gasóleo y electricidad, que “van a marcar la campaña del año que viene”, tras la vivida en este año que termina y que fue calificada por Palacín como “buena” en la zona norte de la Comunidad y “media” en el sur, en relación al cereal y el maíz.
No obstante, Palacín matizó que la cosecha de patata fue buena en cuanto a producción pero “mala” en relación a los precios, por cerrarse “muchas operaciones por debajo de coste” en un sector que “coge volumen” progresivamente en la Comunidad con en torno a 20.000 hectáreas, y “media” en cuanto a los forrajes.
También destacó el coordinador de UCCL la “frenética actividad” desarrollada por su organización en el año que ahora termina en la calle, con “más de diez movilizaciones” llevadas a cabo por “tres temas fundamentales: la inclusión del lobo en el Lespre, la situación del sector lácteo y la negociación del nuevo modelo de la PAC”.
Nueva PAC
Una Política Agraria Común donde UCCL defendió la posición prioritaria del agricultor a título principal o genuino como principal perceptor ante el nuevo periodo 2023-2027, con el beneplácito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “hasta el día 14 de julio, donde dio un vuelco absoluto y cambió los conceptos”.
Según explicó hoy el vocal de la Unión de Campesinos a nivel nacional, Valentín García Fraile, ese día el ministro “cambió el paso” e introdujo como condiciones para percibir las ayudas asociadas de la PAC “que el 25 por ciento de los ingresos sean agrarios, que se esté dado de alta en la Seguridad Social o que los que cobren menos de 5.000 euros no tengan que cumplir estos requisitos”, situación esta última que “abre una gatera más grande que la puerta” y frente a lo que se dispone UCCL bajo el lema de que la PAC sea “para los agricultores y ganaderos a título principal”.
También lamentan desde UCCL el “problema importante” que va a suponer para el campo de Castilla y León la introducción de siete nuevos ecoesquemas que “se van a llevar el 23 por ciento del presupuesto de la nueva PAC” sin medirse previamente “las consecuencias que van a tener a nivel ambiental o económico”.
Y es que, según la opa, “el campo y la ganadería de la Unión Europea es, con mucha diferencia, el sector donde más exigencias, requisitos y trazabilidad tienen nuestros productos”, teniendo que luchar además contra la “competencia desleal de los productos de terceros países” que cuentan con controles “nulos” pero que se importan igualmente, por lo que UCCL exige “un etiquetado claro y diferenciador de los productos españoles y europeos para que el consumidor pueda decidir”.
