La Alianza UPA-COAG apunta como uno de los principales retos en el mundo rural de Castilla y León en el año 2017 que se adopten medidas tanto a nivel nacional como regional para reequilibrar la cadena alimentaria, y que por lo tanto los agricultores y ganaderos perciban unos precios justos por sus producciones.
Esta organización recuerda que 2017 no puede convertirse en un año perdido, como a su juicio ha sido 2016, en el desarrollo de figuras claves para Castilla y León como deben ser el defensor de la cadena alimentaria, la Junta de Arbitraje y Mediación y el Observatorio Regional de la Cadena Alimentaria, para resolver la problemática del desequilibrio de la cadena agroalimentaria, “en la que unos eslabones pasan penurias (agricultores y ganaderos) y otros se enriquecen con porcentajes de beneficios cada vez más abusivos (Industria y Distribución)”.
La Alianza UPA-COAG reclama a la Junta de Castilla y León que a través de la Ley Agraria dé un paso al frente y aborde sin dilación alguna este problema, y además “demuestre con hechos que está del lado de un sector estratégico como es el agrario velando por la obtención de precios justos para todos los sectores agrícolas y ganaderos”.
La Alianza UPA-COAG reclama para este año 2017 que se avance en la consolidación del diálogo social agrario a través de nuevos órganos consultivos que permitan avanzar en logros que son urgentes para la generación de riqueza y empleo en comarcas y zonas especialmente desfavorecidas y acuciadas por el grave despoblamiento que sufre el medio rural.
Otro de los grandes retos en este 2017 es que se aporten soluciones a los sectores ganaderos de leche (vacuno, ovino y caprino) en Castilla y León puesto que un año más en las condiciones actuales de precios por debajo de los umbrales de la rentabilidad dejará al borde de la desaparición a cientos de profesionales por todo el territorio regional.
“Además estaremos muy vigilantes a lo que ocurra tras la desaparición de las cuotas remolacheras en septiembre de este año, y seguiremos luchando en los tribunales de Justicia para que se lleve a efecto la sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia, que ha decidido dar la razón a la reclamación de la Alianza UPA-COAG contra el Gobierno regional, para que pague a 5.315 remolacheros de Castilla y León los 3 euros por tonelada correspondiente a la campaña 2011/2012 que se comprometió a abonar a los productores y que no lo hizo en su día”, comentan.
La Alianza UPA-COAG espera que los profesionales del sector no sufran un año más el incremento especulativo de los costes de los insumos, con especial incidencia en la energía, los fertilizantes y las semillas. Además reclaman que el Ministerio de Agricultura recupere en el 2017 el porcentaje de apoyo a los seguros agrarios, y que en este último año se ha reducido en 10 puntos de ayuda “lo que ha supuesto un incremento considerable para el bolsillo de los agricultores y ganaderos”.
De igual modo, esta organización agraria considera clave que la Administración regional actúe con responsabilidad “ante los gravísimos perjuicios que toda clase de fauna silvestre está provocando en la agricultura y ganadería de nuestra región”.
Además, reclama a las Administraciones que los recortes sociales no sigan afectando a las mujeres rurales y por lo tanto al impulso del crecimiento económico de los pueblos. Es fundamental avanzar en materia de igualdad, conciliación, sanidad, educación, infraestructuras y en servicios de atención a las víctimas de violencia de género.
Con todas estas premisas, la Alianza UPA-COAG reclama sentido común a las administraciones para que los agricultores y ganaderos no se sientan abandonados por las instituciones en su derecho de percibir unos precios justos y unos servicios sociales de primera categoría, además de sentirse valorados por el papel tan fundamental que desempeñan a la hora de producir alimentos de calidad para toda la población.
