Más de 45 familias del edificio Severo Ochoa han demandado al presidente de su Comunidad, José Luis Díaz Villarig, por imponerles el pago de obras muy costosas sin someterse al control de los vecinos ni al de los peritos designados por el Juzgado, a pesar de que existe una condena contra las empresas y los técnicos que intervinieron en la construcción del edificio.
El edificio Severo Ochoa, en la capital leonesa, ocupa una manzana entera cerrada por las calles Velázquez, Señor de Bembibre, Álvarez Carballo y Fray Luis de León. En total, diez portales con 180 viviendas, más locales comerciales, un hotel, una galería comercial y dos plantas de garaje con 400 plazas.
Este imponente inmueble ha arrastrado desde su inauguración diversas deficiencias que desde hace quince años se manifiestan en sus fachadas, obligando a abordar reparaciones que han acabado desencadenando un intenso enfrentamiento de un creciente grupo de vecinos con el presidente, que ahora se librará en los juzgados tras más un año de desencuentros.
Los vecinos han constituido la Asociación por una Gestión Transparente del Edificio Severo Ochoa y han demandado al presidente José Luis Díaz Villarig, quien ocupa el cargo ininterrumpidamente desde hace 24 años, por considerarle inspirador e impulsor de unas reparaciones que son contrarias a los intereses de los vecinos.
Tras negarles durante más de un año la entrega de la documentación de las obras, acusan al presidente de la Comunidad de “secuestrarla” para imponerles obras millonarias de reparación de las fachadas (hasta ahora 4,4 millones de euros), impidiendo también el control de la Junta de propietarios y de los peritos judiciales que designó el Juzgado en un marco en el que muchos vecinos “se sienten cohibidos, si no amenazados” cuando han manifestado su oposición a las decisiones del presidente.
Los vecinos explican en su demanda que la extraña actuación del presidente les obliga a sospechar que Villarig “tiene interés personal en que las obras se ejecuten por encima de lo necesario, en contra de los intereses de los vecinos”. Estos, además de aspirar a limitar las obras a lo estrictamente necesario, con su correspondiente ahorro, reprochan que no se proceda contra las empresas y los técnicos condenados por estas deficiencias, aunque fuese necesario el control de los peritos judiciales. Precisamente, los vecinos ven en el hecho de que se haya apartado a los peritos como otra manera de evitar obstáculos a las obras que quiere ejecutar el presidente.
La demanda se hace extensiva además a siete de los diez presidentes de los portales, a quienes acusan de prestar “sumisa cobertura” a las decisiones “unilaterales” del presidente de la Comunidad, que nunca han cuestionado.
Desde la asociación refieren que Villarig neutralizó a la Junta de propietarios en favor de la Junta de presidentes de portales “al mismo ritmo que crecía la trascendencia económica de las obras y que los vecinos iban rebelándose contra sus arbitrariedades”. Explican que para ello, tergiversó las resoluciones municipales precipitando el comienzo de las obras durante la pandemia.
Tal y como refiere la demanda, poco después de entregarse las viviendas surgieron las primeras deficiencias en el edificio, lo que propició que en 2006 los vecinos ganaran un juicio contra los técnicos y las empresas que intervinieron en su construcción. El estado de las fachadas exige actualmente realizar en ellas obras de reparación presupuestadas en 4,4 millones de euros que los vecinos consideran ‘excesiva’. Esto explicaría el “secuestro” durante más de un año del proyecto técnico y de la documentación de la obra para impedir que profesionales independientes “ajenos a él” pudieran estimar su idoneidad y coste. Por la misma razón, los vecinos entienden que responde a los mismos fines su negativa al control de las obras por los peritos judiciales, como exigió la Audiencia Provincial para no perder la indemnización a la que fueron condenados los técnicos y las empresas que intervinieron en la construcción. “Se está perdiendo la indemnización y no se puede obtener información de las obras”, recuerdan los demandantes.
“Tenemos pocas dudas de que las obras acabarán superando los 5 millones de euros, sin que nadie entienda la razón por la que se ha optado por una reparación tan costosa dejando de reclamar a quienes han sido condenados a indemnizarnos”, señalan los demandantes, que desde el pasado septiembre acordaron no abonar más derramas.
“Muchos vecinos no se han sumado aún porque se sienten cohibidos por la forma en la que el señor Villarig trata a quienes se oponen a sus decisiones”, apuntan en la asociación, que reprocha también que haya mantenido siempre como abogado de la Comunidad a su asesor jurídico personal, el mismo que le asesora en todas las corporaciones profesionales y sindicales que preside.
En su demanda, piden el cese de José Luis Díaz Villarig como presidente de la Comunidad de vecinos, que se exonere a los demandantes el coste de las obras que no fuesen necesarias y que se ejecuten según los requisitos que marcó la Audiencia Provincial de León para no perder las indemnizaciones.
En lo que se refiere al funcionamiento de la Comunidad de propietarios, la demanda recoge la petición de los vecinos de que se anulen varias Juntas de presidentes, que se aclaren las condiciones en que dichas reuniones deben celebrarse en el futuro y que se ponga a disposición de los vecinos la documentación de las obras del edificio.
