El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha informado al Consejo de Gobierno sobre el acuerdo relativo al endeudamiento máximo a corto plazo que puede formalizar la Comunidad en 2025, fijado en un importe de 1.200 millones de euros, igual al del año 2024.
Se establece esta cantidad, aunque con la restricción de que el saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo no supere, a 31 de diciembre, el 10% del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales. Atendiendo al actual marco normativo, establecido por el Decreto 28/2024, de 26 de diciembre, se prorrogan en 2025 los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, aprobados por la Ley 5/2024, de 9 de mayo.
Asimismo, en cuanto a las operaciones de deuda a largo plazo, el volumen máximo que la Comunidad puede formalizar en 2025 se establece en 1.545.357.708 euros, atendiendo a la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y dentro del actual marco de prórroga presupuestaria (artículo 32 de la citada Ley 5/2024, de 9 de mayo); todo ello sin perjuicio de que posteriormente se pueda fijar el volumen definitivo.
La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, establece la competencia de la Junta de Castilla y León para acordar el importe máximo de las operaciones de endeudamiento dentro de los límites establecidos legalmente.
La deuda de Castilla y León por debajo de la media
Por otra parte, la aportación de Castilla y León al endeudamiento general de las autonomías españolas sigue siendo limitada y mantiene una ratio de deuda en términos de PIB del 18,9 %, inferior en 2,3 puntos porcentuales a la media autonómica, que se sitúa en el 21,2 %, según los últimos datos actualizados por el Banco de España, correspondientes al tercer trimestre de 2024.
En segundo lugar, el moderado nivel de endeudamiento, en comparación con otras autonomías, es uno de los aspectos que la agencia Moody’s ha valorado favorablemente en su decisión del pasado mes de marzo de mejorar el perfil financiero de la Comunidad, elevando el rating Baa1 a perspectiva positiva, ratificando de este modo la misma calificación que el Reino de España.
Por último, la mayor parte de la cartera de deuda de Castilla y León, en torno a un 70 %, está financiada a tipo de interés fijo, y el restante 30 % está concertada a interés variable, lo que mitiga el impacto directo de la subida del euríbor.
