El canon eólico de Castilla y León se tradujo en ingresos por valor de 30 millones de euros en las arcas de la Junta, procedente de las empresas del sector en 2021, último ejercicio con datos cerrados, una ecotasa sobre la que los promotores se han posicionado siempre en contra y para la que se ha negociado su eliminación en varias ocasiones entre el Gobierno autonómico y la Asociación de Promotores Eólicos de la Comunidad (Apecyl), aunque de momento sin llegar a buen puerto.
El estudio macroeconómico del impacto de este tipo de energía en la Comunidad, publicado recientemente por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), recuerda que este canon, que cumplió en 2022 diez años en vigor, está solo operativo en Galicia, donde su administración autonómica grava por importe de 22 millones, y Castilla-La Mancha, con alrededor de 15 millones. “Se diseñó como una compensación que debían hacer los promotores por el uso del viento y por el efecto que tienen los parques sobre las zonas en las que se sitúan, por la instalación de aerogeneradores y por la construcción de las infraestructuras eléctricas y accesos”, señalaron a Ical fuentes de AEE, que apuesta por el fin de un tributo de carácter extrafiscal que se suma a otros pagos e impuestos que los promotores ya abonan.
Algunos expertos sugieren que la Comunidad Autónoma, a la hora de configurar el canon eólico, no atendió al principio de ‘quien contamina paga’, sino al de capacidad económica, al gravar más al sujeto que mayor energía eléctrica obtenga, lo que se entiende como un mecanismo para introducir “gradualmente el canon eólico”, de forma que desde un primer momento no carga en exceso a las empresas que invierten y explotan un parque eólico.
Así, la ley establece que en Castilla y León se abonan 2.000 euros por aerogenerador menor de 500 kilovatios como consecuencia de este concepto; 3.800 euros para los comprendidos entre 500 y 1.000; 6.000 euros para aquellos con potencia entre 1.000 y 1.500 kilovatios; 8.500 euros para los de 1.500 a 2.000; y 12.000 euros por cada molino con una potencia mayor a 2.000 kilovatios. El principal tramo que permitirá mayores ingresos es aquel de entre 1.500 y 2.000, con un total de 14 millones, casi la mitad del total.
Gran peso en el PIB
En 2021, gracias a los 6.404 megavatios de potencia instalada y los 13.255 gigavatios hora que generan los 272 parques eólicos (tres variables en los que Castilla y León es líder nacional), el sector contribuyó con 776,6 millones al Producto Interior Bruto (PIB), una cifra que supuso, en cifras absolutas, más del doble que hace diez años, cuando se alcanzaron los 306,6 millones. Esto es debido, principalmente, a la mayor puesta en marcha de centros vinculados a este tipo de energía en Castilla y León, con una importante explosión en este decenio.
En la actualidad, la comunidad cuenta con dos fábricas de ensamblaje y logística, una planta de componentes, 14 instalaciones de mantenimiento, una factoría de palas, dos de torres y una de generadores y motores.
En España, se ha pasado de 1.383 a 3.950 millones de euros de aportación al PIB. De acuerdo con estas cifras, cinco de las 17 comunidades representaron un 71 por ciento de la contribución al PIB nacional: Castilla y León, con un 19,7 por ciento gracias a esos 776,6 millones, seguida de Galicia, con el 15,8 por ciento (622,8 millones), Aragón, con un 14,6 (576,6), Castilla-La Mancha, con el 10,9 por ciento (432,5 millones) y Andalucía, con un 10 por ciento (393,1). La preponderancia de estas cinco autonomías se mantiene a lo largo de los últimos diez años y siempre suman, al menos, más del 60 por ciento de contribución directa a la economía.
Impacto en el medio rural
El estudio al que tuvo acceso Ical profundiza en el impacto del sector en el medio rural. La Asociación Eólica Española (AEE) vaticina que el número de parques en España “debe aumentar, garantizando que dicho crecimiento sea ordenado”. Y es ahí donde entra la relevancia de llamada ‘España vaciada’, sobre todo en lo que concierne a Castilla y León.
Los parques eólicos se encuentran en uno de cada diez municipios de la Comunidad, es decir, en 220 de los 2.248, un porcentaje que es ligeramente superior a la media nacional, donde un nueve por ciento (766 ayuntamientos) se encuentran en territorio con infraestructura eólica. No obstante, existen provincias con una gran presencia de parques, como es el caso de las gallegas de Lugo y La Coruña (51 y 46 por ciento, respectivamente) y Las Palmas de Gran Canaria (47).
En Castilla y León este dato lo encabeza Soria, donde un 28 por ciento de sus municipios, 52, cuentan con parques eólicos entre sus límites. Le siguen, en términos porcentuales, Burgos y Palencia, con un 15 y un 14 por ciento en cada caso, que se traduce en 55 y 27 municipios con estas instalaciones; Zamora, un 10 por ciento, con 25 municipios, y Valladolid, con el ocho por ciento (18 localidades). León, con el siete por ciento del total y 15 municipios, si bien en esta provincia con la excepcionalidad del gran peso de las pedanías en el medio rural, que hace que esa quincena de ayuntamientos se conviertan realmente en decenas de pueblos. Cierran la lista Ávila, donde el cuatro por ciento del total de municipios cuenta con parques eólicos (10), Salamanca y Segovia, con el tres por ciento cada una, y 11 y siete ayuntamientos.
En este sentido, a nivel provincial, el informe determina que el 64 por ciento de la población de las provincias de Palencia y Valladolid residen en municipios con instalaciones eólicas, en ambos casos debido a que las dos capitales pueden presumir de albergar aerogeneradores que les nutren de recursos económicos.
Les sigue, de lejos, Ávila, con el 42 por ciento de la población que vive en municipios eólicos; Soria, con el 21 por ciento; Zamora, con el 10 por ciento; y Burgos, con el ocho. En la parte más baja del listado se encuentran León, con el tres por ciento, y Salamanca y Segovia, con el dos, justificado en el caso contrario a Valladolid y Palencia, que todos los parques eólicos se han instalado en áreas rurales con escasa densidad de población.
