Castilla y León alcanzó en 2021 las 7,82 plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años y encabeza la ratio autonómica, al situarse además casi en el doble que la media nacional, que es de 4,2 plazas. En este sentido, la Comunidad supera en 17.503 las plazas la ratio de mínima de cinco, según el informe ‘2021: las residencias de mayores tras el COVID’, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que recogió Ical.
La Comunidad contabiliza así 48.602 plazas en total, si bien tres de cada cuatro corresponden a financiación pública. El documento constata que Castilla y León, con estos datos, es la única que cumple la ratio mínima de plazas con financiación pública, con 5,96. La tendencia es similar en la autonomía desde 2015, año en que el sector público dio un impulso a la relevancia de las residencias públicas frente a las privadas, y pasar de una ratio de 2,59 de plazas sostenidas con fondos procedentes de las administraciones en 2014 a los 5,26 del siguiente ejercicio, cuando la tasa global siempre se ha situado entre 7 y 8 en la última década.
El 62,7 por ciento de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública en el conjunto nacional. Ello incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio. El porcentaje de plazas de financiación pública ha ido aumentado ligeramente, pero se ha estancado en los tres últimos años, en 2,63 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años
En España, solo cinco comunidades cumplen la ratio mínima de cinco plazas. Además de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Asturias. Esto indica que son necesarias, según la Asociación, 76.350 plazas residenciales más para alcanzar la ratio de cinco plazas en España, que actualmente cuenta con casi 400.000.
Por contra, las comunidades con mayor déficit de plazas son Andalucía y la Comunidad Valencia, con 31.475 y 23.485, respectivamente.
Igualmente, el resultado a nivel nacional es un mayor déficit de plazas residenciales año a año: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del cinco por ciento, en el último año este déficit alcanza las 76.350.
Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 35.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III). Según los últimos datos oficiales (Estadísticas SAAD. Diciembre 2022. IMSERSO) hay en lista de espera de ser atendidas 80.862 personas con Grado II y III, más 60.000 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, una de cada cuatro demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio. De ahí la estimación de que serían necesarias unas 35.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera (limbo) de la dependencia.
