La Junta de Castilla y León considera que ya “está creada” en Castilla y León la estructura para una ‘UME civil’, cuyos medios se encuentran integrados en el 1-1-2 y que se potenciará, “de forma muy relevante”, entre los años 2026 y 2028, tal y como explicó a Ical el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
El consejero respondió así a una idea “correcta” planteada en las últimas semanas por el sindicato UGT sobre la petición de una estructura de emergencias que funcionase como la UME, pero sin carácter militar, y dedicada a catástrofes, como por ejemplo los incendios. “Ya estamos haciendo una reforma que permite que todo el personal ahora va a ser todo público”, recordó, para añadir que todos los recursos al servicio de los incendios “lo están están también al servicio de otra emergencia”, entre los que mencionó los 10 helicópteros más que se pondrán en funcionamiento, con una decena de cuadrillas helitransportadas de intervención rápida y otro helicóptero de rescate y montaña.
Otro de los cambios introducidos con motivo de las últimas emergencias es que la sala del 1-1-2 era la que recibía llamadas y “enviaba a determinados efectivos a gestionar la emergencia, bomberos, policía local, policía nacional, guardia civil, cualquier tipo de guardia”. Sin embargo, se ha creado un “tercer segmento”, el Centro de Coordinación de Emergencias, que “ya existía en horario de mañana” y ahora se extiende a 24 horas, 365 días. “Son las cabezas pensantes, que tienen que buscar la estrategia para luchar contra esa emergencia con personal especializado”, apuntó el consejero, quien se refirió a la creación de una estructura provincial de personal “preparado 24 horas para intervenir en la emergencia de forma inmediata”.
Suárez-Quiñones, que aplaudió el “comportamiento francamente responsable” en esta materia de UGT, cargó contra la oposición y “algunos otros sindicatos” por actuar con “demagogia y fines políticos, no sindicales”.
El consejero recordó que en 2025 han ardido casi 140.000 hectáreas, 40.000 de ellas de arbolado, y aseguró entender “perfectamente a la gente que se decepciona porque lo público no acaba con los incendios antes y causa un grave daño, porque entienden de buena fe que debe hacerlo y que por tanto la respuesta no ha sido adecuada”.
“Lo entiendo perfectamente. Yo como ciudadano, si no estuviera dedicado a esto, pensaría lo mismo”, señaló, para criticar la actitud de los ámbitos sindical y político, que “saben que no se podía hacer otra cosa con todos los medios que había, que son muchos”; y que “se aprovechen de esta desgracia, incluso humanas, para hacer política de la forma más inaceptable”.
Opinó que los incendios “deberían estar fuera del debate político”, pero “han hecho lo contrario: manipulación, mentira y ocultando la verdad”, porque el operativo de prevención de incendios de este año “ha sido el más grande que ha habido en la historia forestal europea”. En el caso de León, profundizó, la provincia con más daño, “había 1.500 profesionales, 92 medios aéreos y 600 vehículos de todo tipo”. “No podía haber más operativo”, incidió.
Circunstancias excepcionales
Además, justificó las “circunstancias excepcionales” meteorológicas de este año, con tres semanas de dificultades que “hacían inviable obtener otro resultado”. “En 2021 tuvimos un día que hubo un problema similar en la Paramera, en Ávila; y comenzamos a incrementar presupuesto y actuaciones preventivas; en 2022, tras todo lo que rodeó a la Sierra de la Culebra nos sentamos con los sindicatos, CCOO y UGT; y en 2025 ha habido tres semanas imposibles, con registros récord de temperatura, viento, humedad…, a lo que se suma la enorme intencionalidad. Todo ello conllevó que en tres semanas hubieran 350 incendios forestales, 65 de ellos en León, y 20 casi a la vez. Eso es inviable de abordar”, precisó.
Las críticas del consejero continuaron hacia la oposición por tumbar los dos decretos leyes para la mejora del operativo y la figura de bombero forestal, que según el sector no contaba con diálogo previo. “Les tiene que pasar factura, porque no se pueden comportar de esa forma. La oposición tiene una responsabilidad y han sido absolutamente irresponsables”, comentó Suárez-Quiñones, quien vaticinó, no obstante, que estas medidas “saldrán adelante”.
Además, rechazó que no se consultara con el sector y recordó que la Consejería de la Presidencia mantuvo una decena de reuniones con los sindicatos antes de poner en marcha el decreto ley en materia de personal. “Otra cosa es que los sindicatos querían una cosa y la Consejería entendió que lo adecuado era lo que se llevó sobre mejoras muy relevantes para el personal público y para el carácter plenamente público del operativo”, respondió.
A su juicio, se escuchó “a los policías forestales, las organizaciones profesionales agrarias, a las diputaciones”, con un régimen de consultas “bastante amplio”, si bien admitió que “no se les hizo caso a todo lo que plantearon”.
Por último, aprovechó para criticar también la acción del Gobierno central en la extinción de incendios, ya que, señaló, desde 2020 “ha disminuido los medios aéreos en la Comunidad, cuando se registraron 207.000 litros de capacidad de descarga de los medios del Estado y el año pasado hubo 137.000”. “Entonces, realmente, ha ido disminuyendo medios en vez de aumentarlos”, concretó el consejero, quien apeló a que la lucha contra el fuego “debe ser una suma de esfuerzos de todos”.
