La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la denegación de una prueba diagnóstica esencial a un mutualista de Valladolid con cáncer de pulmón, alertando de que los retrasos y decisiones condicionadas por criterios económicos en el sistema MUFACE pueden poner en riesgo la salud de los pacientes.

El caso se refiere a un afectado, identificado con las iniciales J.C.A.M., que ha sido diagnosticado finalmente de adenocarcinoma pulmonar en estadio IV con metástasis óseas, tras someterse por su cuenta a un PET-TC que su aseguradora había rechazado previamente.
Según explica CSIF, el oncólogo del paciente solicitó de forma urgente esta prueba el pasado 9 de marzo ante la sospecha de recaída, ya que el afectado había sido tratado previamente por un cáncer diagnosticado en 2024. Sin embargo, la aseguradora denegó la autorización alegando “falta de indicación”.
A partir de ese momento, se inició un proceso de reclamaciones que se prolongó durante semanas. El paciente presentó solicitudes los días 20 de marzo, 10 de abril y 17 de abril, sin obtener una respuesta favorable. La demora obligó finalmente al afectado a costear la prueba por iniciativa propia, que se realizó cinco días antes de conocerse el resultado, el pasado 4 de mayo.
El informe confirmó la recidiva del cáncer y la existencia de metástasis. “Me han hecho perder un tiempo precioso”, lamenta el paciente, según recoge el sindicato.
CSIF advierte de que este tipo de situaciones no son aisladas, sino que responden a “un patrón reiterado de trabas y demoras” por parte de las aseguradoras, especialmente en casos de enfermedades graves o tratamientos de alto coste. El sindicato denuncia que los pacientes se ven obligados a afrontar, al mismo tiempo, la enfermedad y un complejo proceso burocrático, lo que supone “un desgaste intolerable”.
En este contexto, la organización recuerda que la Dirección General de MUFACE anunció en marzo de 2026 la creación de una comisión de prestaciones junto a las aseguradoras para reforzar el control. Sin embargo, CSIF considera que esta medida no está siendo efectiva, ya que continúan produciéndose retrasos en autorizaciones, denegaciones de pruebas diagnósticas y derivaciones al sistema público.
“El enfermo lucha por su salud, mientras la compañía trata de reducir costes”, denuncian desde el sindicato, que subraya que en patologías como el cáncer cada demora puede resultar determinante en la evolución de la enfermedad.
Ante esta situación, CSIF exige el fin inmediato de las trabas administrativas, garantías reales de acceso a pruebas y tratamientos sin condicionantes económicos y una atención sanitaria “digna, equitativa y de calidad” dentro del sistema MUFACE.

El sindicato advierte además de que continuará denunciando estos casos y no descarta nuevas movilizaciones si no se adoptan medidas urgentes por parte de la Administración y las aseguradoras.




