El XV Informe ‘El Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León’ revela que cuatro de cada diez castellanos y leoneses (40,1 por ciento) tiene dificultades para llegar a final de mes y la carencia material y social severa alcanza el 6,5 por ciento de la población, lo que supone 1,4 puntos más que el año anterior y representa el valor más alto de toda la serie histórica.
El documento, presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla y León (EAPN CyL), subraya que, pese al incremento de la carencia material y social severa, al subir una décima, se mantiene por debajo del valor nacional a lo largo de toda la serie. Con datos de 2023, la Comunidad registró la quinta más baja del país, detrás de País Vasco (5,6), Baleares (6,1) y Cantabria y Navarra (6,2 en cada caso).
La brecha de género está presente en esta carencia material y social severa, ya que el porcentaje de mujeres en esta situación es del 7,4 por ciento frente al 5,6 por ciento de los hombres. Además del sexo, vivir en el ámbito rural, tener algún miembro familiar con discapacidad, falta de vivienda en propiedad y estar de alquiler y sin empleo aumentan el riesgo de entrar en esta situación.
Tras analizar una muestra de unas 4.000 personas en Castilla y León, se concluye que el 26,3 por ciento de la población no tiene capacidad de hacer frente a gastos imprevistos; el 28,7 por ciento no puede irse de vacaciones una semana al año; el 14,4 por ciento no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada o el 3,5 por ciento no come carne o pescado al menos cada dos días. Una situación que se traduce en llevar a cabo una economía de supervivencia, que obliga a que los afectados tengan que elegir entre una necesidad u otra.
El informe, recogido por la Agencia Ical, revela que el 24 por ciento de la población de Castilla y León (unas 574.000 personas) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) y un 8,4 por ciento está en pobreza severa. La situación de pobreza se relaciona con los ingresos económicos, con familias por debajo de los 11.548 euros al año (965 euros al mes), mientras que la severa afecta a las unidades que no llegan a los 644 euros al mes.
EAPN puso el ejemplo de una familia de cuatro miembros —dos adultos y dos menores de 14 años— que vive en pobreza severa y que se paga 800 euros por el alquiler de una vivienda y el pago de suministros, 500 euros para comer y productos de limpieza, a lo que añadir transporte (al no disponer de coche), adquisición de ropa y gastos de salud (dentista). El presupuesto, “con las condiciones mínimas y muy conservadoras”, se sitúa en 1.535 euros, por lo que faltarían 183 euros para llegar a final de mes. Se trata de familias que no tienen la capacidad de cubrir sus necesidades más básicas.
El riesgo de pobreza o exclusión social en la población infantil alcanza el 31,8 por ciento, lo que convierte a la infancia en el grupo más afectado por la exclusión. Esta tasa desciende al 25,6 por ciento entre la juventud (18-29 años), lo que, según EAPN, evidencia la dificultad de emancipación y acceso a un empleo estable. La brecha territorial sigue presente en la Comunidad, puesto que el 30 por ciento de la población del medio rural vive en riesgo de pobreza, frente al 20 por ciento en zonas urbanas.
El coordinador autonómico de EAPN, Jonathan Sánchez, aseguró que Castilla y León se aleja de los objetivos marcados por la Agenda 2030, porque el porcentaje debería ser 16,2 por ciento de la población, ocho puntos menos que la tasa actual.
Con estos datos, la entidad que agrupa a 25 organizaciones sociales defiende la necesidad de avanzar hacia un sistema integral que garantice rentas “dignas” y “continuas” a lo largo de todo el ciclo vital —desde la infancia hasta la vejez—, así como el acceso a una vivienda adecuada, un empleo digno, una educación inclusiva y unos servicios sociales accesibles y cercanos. En este sentido, el presidente de EAPN en Castilla y León, Óscar Castro, aseguró que no basta con que la economía crezca sino que es necesario que aumente con equidad. A su juicio, la justicia fiscal es un elemento “esencial” para garantizar la sostenibilidad de los derechos sociales y el bienestar colectivo. “Hay que garantizar una financiación pública estable, progresiva y suficiente que refuerce la cohesión territorial y reduzca las desigualdades entre territorios”, declaró.
Pacto Social por las Familias
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la entidad destacó el valor del Pacto Social por las Familias de Castilla y León, firmado a comienzos de este año entre la Junta de Castilla y León y las entidades del Tercer Sector. Castro consideró que este acuerdo es una oportunidad para reforzar la colaboración entre administraciones y entidades sociales, y construir una red de apoyo sólida para las familias que más lo necesitan. Eso sí, reclamó “seguir avanzando en el desarrollo del Pacto y dotarlo de la ambición y los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos". En su opinión, debe convertirse en una herramienta clave para garantizar ingresos suficientes, vivienda, educación y empleo “de calidad y con derechos” para todas las familias y personas de Castilla y León.
Concluyó que la lucha contra la pobreza y la exclusión social es una tarea colectiva y un compromiso ético, por lo que es necesaria la cooperación entre entidades sociales, administraciones públicas, sindicatos, universidades, empresas y medios de comunicación.
Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) en Castilla y León, Enrique Cabero, reconoció que la pobreza y la exclusión social son los problemas “más graves” del Estado Social y Democrático de Derecho. “Algo falla cuando existen cifras tan elevadas y los poderes públicos y la sociedad deben corregirlo”, señaló. Apostó por implantar medidas públicas para erradicarlas, tras comprobar que las tasas de pobreza se resisten pese a la mejora de la economía. “El crecimiento no está siempre vinculado a una distribución con equidad de la renta y hay que actuar en la garantía de los ingresos mínimos, prestaciones sociales y servicios públicos que contribuyen a la mejora de esta situación”, precisó.
