El Defensor del Pueblo ha reclamado al Ministerio del Interior que facilite con prioridad los dispositivos de detección del COVID-19, así como los equipos de protección individual necesarios al personal penitenciario, tanto de vigilancia como sanitario, puesto que prestan un servicio esencial a la comunidad.
Así consta en un escrito remitido a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el Ministerio del Interior, tras la queja registrada en la que solicitábamos su amparo ante la situación de indefensión de la población reclusa y del personal de Instituciones Penitenciarias por la falta de medidas de protección frente al coronavirus.
A punto de concluir la tercera semana de Estado de Alarma, Interior aún no ha facilitado los medios de protección suficientes. Hay prisiones como las de Puerto de Santa María (Cádiz) donde aún no han llegado los medios y se protegen gracias a mascarillas fabricadas por una comunidad de religiosas. En líneas generales, el material es insuficiente, e incluso se han llegado a proporcionar mascarillas caducadas; el personal usa mascarillas durante tres días seguidos con el riesgo que ello conlleva.
Además, tampoco se están facilitando los test de detección del virus, por lo que en estos momentos ya más de 1.000 empleados públicos penitenciarios (más del doble de la semana pasada) se encuentran de baja en el servicio por haber dado positivo o estar en cuarentena, lo que afecta a las de por sí mermadas plantillas y desde luego podría afectar a la seguridad. También superan el millar el número de internos que se encuentran en aislamiento sanitario en las prisiones españolas.
