Los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad cometidos por menores en Castilla y León se han duplicado en los últimos siete años. Así lo refleja la memoria de la Fiscalía de Castilla y León correspondiente a 2024, y en la que también se pone de manifiesto que las infracciones penales por violencia de género han subido un 72,2 por ciento.
Los delitos de carácter sexual suben en global un 57,9 por ciento, al pasar de 44 a 76, sumando los casos de agresiones y de abusos. No obstante, teniendo en cuenta que la conocida ley del ‘solo sí es sí’, que entró en vigor en octubre 2022 y que eliminó la diferencia entre abuso y agresión sexual para definirlos como un único delito de agresión sexual, los abusos han caído un 52,2 por ciento, al pasar de 23 a 11, mientras que agresiones se han triplicado hasta alcanzar las 65 el pasado año, frente a las 21 contabilizadas en 2018.
En el caso de los delitos de lesiones, el grupo más numeroso de todo los delitos graves, se ha pasado de 133 casos en 2018 a 289, mientras que las infracciones por resistencia crecen de 16 a 39. Aunque en menor medida, también suben los casos de conducción sin permiso, que ascienden un 58 por ciento, hasta los 79 en 2024 y los hurtos, que se incrementan un 9,3 por ciento (129).
El resto de delitos descienden: robos con fuerza (-5,2 por ciento), robos con intimidación (14,8 por ciento), tráfico de drogas (-19 por ciento), violencia doméstica (-25,9 por ciento) y abuso sexual (-52,2 por ciento). No obstante, el conjunto de delitos graves se incrementa un 24,3 por ciento, hasta los 1.438, según los datos de la memoria presentada hace unos días con motivo del inicio del Año Judicial y a la que ha tenido acceso Ical.
Sobre la violencia intrafamiliar, la delegada de Burgos advierte que aunque se reducen los delitos, se aprecia un incremento de las denuncias efectuadas por los padres contra hijos menores de 14 años y, por tanto, inimputables. También destaca que en la mayoría de los casos se ha producido un grave deterioro en la relación padres-hijos, denunciando los hechos en Fiscalía cuando el problema ya está muy enquistado y se han agotado las vías previas ofrecidas por los Servicios Sociales. Esta cronificación de las conductas violentas provoca que, en la mayor parte de los expedientes incoados por delitos de esta naturaleza, se ha adoptado, como medida cautelar, la de convivencia en grupo educativo o, en casos más leves, la de libertad vigilada.
En este sentido, el delegado de León advierte sobre la ralentización y dificultades en la investigación de muchas de las infracciones cometidas a través de las nuevas tecnologías y añade que se han detectado varios supuestos de adicción a las herramientas digitales, que tienen repercusión en casos de violencia doméstica, con claras consecuencias perjudiciales para los menores: bajo rendimiento escolar, trastornos del sueño, especial agresividad en caso de que los mayores quieran ejercer en ese aspecto algún tipo de control.
Bandas urbanas
Por su parte, desde Valladolid se hace referencia a la “preocupante proliferación” de bandas urbanas relacionadas con ‘Trinitarios y DDP’, rivales entre sí, que han dado lugar a tener que acordar numerosos internamientos en el Centro Zambrana, a causa de peleas con armas y “que subyace al incremento de los expedientes de reforma por lesiones con arma”.
Falta de medios
En la memoria también se denuncia que las secciones de menores de las fiscalías de la Comunidad tienen una dotación de medios personales y materiales “insuficiente” y se advierte que sus plantillas de funcionarios y fiscales son “muy ajustadas”. Por si fuera poco, se señala que cada cambio que se produce conlleva una “gran ralentización en la tramitación por el necesario periodo de formación y adaptación”.
Además de argumentar que potenciar una rápida respuesta a las infracciones es un factor esencial de prevención general, se advierte que ni los máximos responsables de las fiscalías ni el Ministerio atienden las demandas de mejora en estos aspectos.
En este sentido, se asegura que la jurisdicción “es constantemente minusvalorada”, a pesar de que los funcionarios de las secciones de menores tienen una tarea de mayor responsabilidad que los demás de las fiscalías y prestan servicio en una especie de ‘Fiscalía de Guardia’. No obstante, se subraya que esta falta de medios se suple con “voluntarismo e ilusión, en una tarea en la que se percibe en el día a día la importancia y exigencias de un servicio público esencial que afecta a muchos jóvenes y a sus familias y que tiene una trascendencia y repercusión social innegables".
