Vivir en un pueblo puede convertirse en una dificultad añadida para las personas con discapacidad intelectual y sus familias. La falta de recursos cercanos, las carencias del transporte público y las largas distancias condicionan el acceso diario a servicios y apoyos especializados, una realidad especialmente presente en comunidades rurales como Castilla y León.
Plena inclusión ha reclamado un refuerzo de los recursos de proximidad coincidiendo con el Día Mundial del Desarrollo Rural. La organización advierte de que la dispersión geográfica puede terminar generando aislamiento social, desatención y menores oportunidades para desarrollar un proyecto de vida en igualdad de condiciones.
Dos horas y media al día para recibir apoyo
La campaña pone rostro al problema a través de la historia de Víctor Varona, vecino de Venta de Baños. Cada mañana necesita una hora y media de transporte público para recorrer los seis kilómetros que separan su localidad del Centro Prelaboral de Villamuriel. El regreso le supone otra hora.
«Mi hijo pierde hora y media por la mañana y una hora por la tarde para regresar a casa», explica su madre, Fina Aroz.
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Su testimonio refleja una realidad que resulta familiar para numerosas familias de los pequeños municipios. «En el pueblo se vive con mucha tranquilidad, pero a la hora de necesitar cosas tenemos muchos inconvenientes. No hay nada para los jóvenes», lamenta.
La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, advierte de que para muchas familias rurales ejercer sus derechos se convierte en una «carrera de obstáculos». «El aislamiento geográfico acaba traduciéndose en aislamiento social, desatención y menos oportunidades», señala.
Casi un millón de personas con discapacidad viven en zonas rurales
Según los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, 951.862 personas con discapacidad viven en zonas rurales en España.
Los estudios sobre esta realidad identifican cuatro grandes problemas: las dificultades para acceder a servicios esenciales, la escasez de transporte público accesible, las menores oportunidades laborales y la brecha digital.
En Castilla y León, la coordinadora del Programa de Familias de Plena inclusión, Teresa González, considera que el caso de Víctor muestra las consecuencias cotidianas de esta falta de recursos.
«Todos los días hay un tiempo que dedica al traslado hasta el lugar donde recibe apoyos y, si eso lo tuviera en su pueblo, le facilitaría mucho la vida», explica.
Recursos más cerca de los pueblos
Ante esta situación, Plena inclusión reclama soluciones que permitan recibir los apoyos sin necesidad de asumir largos desplazamientos diarios. Entre las medidas planteadas se encuentran la creación de recursos de cercanía, el refuerzo de la atención telemática y el despliegue de equipos itinerantes que se desplacen hasta los municipios.
El objetivo, defiende la organización, es adaptar los apoyos a las personas y sus familias y permitir que puedan desarrollar su proyecto de vida en el lugar donde han elegido vivir, también en los pueblos.
