El Grupo Socialista insta a la Junta la progresiva incorporación de logopedas en el Sistema de Salud de Castilla y León, tanto a nivel de Atención Primaria como de Atención Especializada, mediante la creación de más plazas de estos profesionales en los centros de salud y hospitales.
“El logopeda es muchísimo más que aquel profesional que se ocupa de problemas de niños que no saben pronunciar fonemas. Es esencial por ejemplo en enfermos que fueron entubados por el covid, en personas que han sufrido un ictus o accidentes de tráfico”, argumenta en una proposición no de ley que se debatirá esta semana en las Cortes, consultada por Ical.
La oposición advierte de que a 31 de diciembre de 2023 en el Sacyl sólo había 22 logopedas, 4 de ellos temporales. En España, subraya que la ratio es de 19,2 logopedas colegiados por 100.000 habitantes, en Castilla y León es de 14,7 logopedas colegiados y el Sistema Público de Salud de Castilla y León tiene una ratio de 0,64 logopedas por 100.000 habitantes.
Según explica, la Consejería de Sanidad solventa esta escasez de profesionales concertando con entidades privadas, con las que se va renovando el concierto año a año, en una situación que hace que se esté privando al paciente de un tratamiento más adecuado dentro de un equipo multidisciplinar de acorde a su dolencia y que las listas de espera para poder ser atendido por un logopeda sean “eternas”.
“La falta de logopedas en la Sanidad Pública compromete la calidad de vida de las personas que requieren atención logopédica, así lo entiende también el Procurador del Común en su último informe”, señala el Grupo Socialista en su iniciativa.
Por todo ello, presenta en su propuesta de resolución que se adopten las medidas oportunas para garantizar la mejora en la prestación del servicio de logopedia en la Comunidad Autónoma, y plantea la dotación de plazas en el sistema público de salud.
La Comisión de Sanidad de las Cortes, prevista para este jueves, también debatirá una PNL del Grupo Popular en la que insta a la Junta de Castilla y León a facilitar el acceso de los pacientes diabéticos a los dispositivos de monitorización de glucosa, teniendo en cuenta los criterios clínicos y técnicos que garanticen una adecuada utilización y gestión de dichos dispositivos.
