La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha participado junto a otros representantes del resto de comunidades autónomas en un pleno extraordinario de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En este foro, el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fernando de la Parte, que ha acudido como representante de la Consejería, ha podido señalar los riesgos que implica la nueva normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el personal de servicio en el hogar y su difícil aplicación entre las familias de Castilla y León.
“Equiparar a una familia con un empresario”
Desde el Ministerio se ha explicado el proyecto de Decreto para desarrollar la disposición adicional decimoctava de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, la cual incorpora las siguientes obligaciones para el empleador, familias en muchos casos, que contrate personal de servicio en el hogar:
- Evaluaciones de riesgos del puesto de trabajo del empleado.
- Formación en prevención de riesgos laborales en el momento de la contratación.
- Proporcionar información relativa a los riesgos laborales del entorno laboral (el hogar).
- Garantizar que se pase por un reconocimiento médico.
Además de otras obligaciones, esta nueva normativa supone un incremento de los costes salariales y pagos a la Seguridad Social que, tal y como ha expresado De la Parte, “equiparan a una familia con un empresario”.
Existía ya la obligación de que el titular del hogar familiar velase por la seguridad e higiene en el trabajo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero con el nuevo proyecto de decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aumentan las obligaciones.
El riesgo de fomentar la economía sumergida desde las instituciones
Desde 2018, los datos de afiliación del colectivo de empleados del hogar familiar presentan un descenso continuado, con una caída de 13 puntos porcentuales desde ese mismo año hasta hoy.
Una circunstancia que, tal y como ha manifestado el representante de la Consejería de Castilla y León ante el resto de comunidades y los representantes del Ministerio, se explica “por los nuevos deberes de los empleadores, quienes suelen ser familias donde ambas personas trabajan o mayores de 65 años. Todos ellos sobrepasados por nuevas exigencias difíciles de gestionar”.
Castilla y León se ha sumado así a otras comunidades autónomas que en este pleno extraordinario han señalado el riesgo de que la medida pueda llevar a “una mayor precariedad o trabajo en B”, justo el efecto contrario al buscado, con un “preocupante aumento de la economía sumergida para este sector”.
Apuesta por la sensibilización y la información
Castilla y León ha propuesto que se apueste por la vía de la sensibilización e información al empleador en materia de protección laboral. Además, desde la Comunidad se ha planteado la posibilidad de estudiar más facilidades para la contratación y la realización de las gestiones administrativas.
Estas propuestas no han sido tenidas en consideración por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
